Nov 30

Tras la “ley mordaza”, a por el derecho a la intimidad!

El Gobierno liberal-conservador está tramando dar otra vuelta de tuerca a su política restrictiva de los derechos y libertades consagrados constitucionalmente.

Si la décima legislatura fue la de la promulgación de la llamada “ley mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional), ahora el ejecutivo de Rajoy, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, pretende abrir el melón de la reforma de la regulación de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Lo han expresado mediante la presentación de una proposición no de ley que reclama la apertura de un debate sobre la posible modificación de la ley “con objeto de adaptarla a la realidad social y al desarrollo tecnológico producido desde su promulgación”.

Hay que recordar que la norma que regula estos derechos, la Ley Orgánica 1/1982, ya ha sido modificada en cinco ocasiones, entre 1985 y 2010.

No hay que temer, por tanto, la reforma de la ley, siempre y cuando sea para seguir garantizando el contenido esencial de los derechos protegidos por el artículo 18 de la Constitución.

Lo que provoca una cierta inquietud es que la iniciativa de abrir este debate llega después de la promulgación, la décima legislatura, de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La llamada “ley mordaza” ha venido a generar inseguridad no sólo en materia de derecho a la intimidad, sino también en el ámbito del derecho de la información.

Bien, pues después de cuestionar el contenido esencial del derecho a la información mediante la “ley mordaza”, ahora el Partido Popular quiere abrir el melón de la regulación de los derechos a la intimidad personal y familiar, el honor y la propia imagen.

Inmediatamente después de ser presentada la proposición no de ley, hubo periodistas y medios que dedujeron que el Gobierno quiere actuar contra los llamados “memes”. La proposición no de ley no habla de ese recurso nuevo, sino que generaliza hablando “de la realidad social y del desarrollo tecnológico”.

Con todo, preocupa que el Gobierno quiera abrir ese debate.

Es cierto que el Tribunal Constitucional tiene dicho, por activa y por pasiva, en numerosísimas sentencias, que la ley puede regular derechos fundamentales, pero siempre garantizando el contenido esencial y su ejercicio.

Nos viene a la memoria ahora, en relación con el contenido esencial de los derechos constitucionales, que reiteradamente, cual Guadiana obsesivo, los grupos de la derecha y de los representantes de las grandes patronales, han lanzado consignas contra el derecho de huelga, y han llamado a su regulación. Nunca se han atrevido. Porque saben que el derecho de huelga, protegido constitucionalmente, no se puede desvirtuar mediante una ley, por muy orgánica que sea.

Lo mismo ocurre con los derechos a la información y los derechos de la intimidad. Su contenido esencial no puede ser tocado por el Gobierno ni por el Parlamento. Se pueden regular legalmente estos derechos, pero no para limitarlos, sino para garantizar su ejercicio.

Lo que sucede es que el Gobierno parece pretender interpretar la Constitución. No plantea la proposición no de ley un debate para restringir derechos. Lo que plantea, en el último párrafo de la exposición de motivos de la proposición, es que la ley debe ajustar el juego entre los artículos 18 (intimidad, honor, propia imagen) y 20 (libertad de información y libertad de expresión, entre otras libertades) de la Constitución.

Para no interpretar las intenciones del Partido Popular, es conveniente reproducir el último párrafo de la exposición de motivos de la proposición no de ley: La amplia casuística de los problemas planteados, y la alta litigiosidad existente entre los “derechos fundamentales de la personalidad” del artículo 18 CE, con otros derechos constitucionalmente protegidos como son la libertad de información y la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, pone de manifiesto que la indefinición, la falta de complitud y flexibilidad de esta norma da cabida a distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre un mismo caso, algo que puede poner en peligro el principio de seguridad jurídica”.

Es decir, el Gobierno pretende que una ley delimite los derechos. Y eso es algo que va contra el libre ejercicio de esos derechos. Si la ley trata de interpretar el contenido esencial de los derechos, acabará cercenándolos. Hay recursos más idóneos para no limitar derechos fundamentales.

Desde que en 1981 el Tribunal Constitucional produce su primera sentencia, ha tenido este órgano que buscar el equilibrio en el ejercicio de los derechos de los artículos 18 y 20 de la Constitución. Y lo ha hecho buscando siempre ese equilibrio en base a los supuestos fácticos de cada conflicto. Primero a través del llamado juicio de razonabilidad y después, desde mediados de los años 90, a través del llamado juicio de proporcionalidad y la ponderación de derechos. Todo ello queda bien explicado en el estudio “El derecho a la intimidad y su ejercicio por la ciudadanía. La ponderación de derechos”.

El legislativo y el ejecutivo deben limitarse a la intervención mínima necesaria para regular los derechos fundamentales, y siempre deben hacerlo respetando, garantizando y defendiendo su contenido esencial.

Desde la experiencia (“ley mordaza”), preocupa que ahora el partido del Gobierno quiera tocar la regulación de los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen.

Máxime cuando la excusa para tocar la ley es que, como dice la proposición no de ley, la dificultad de delimitar conceptualmente desde una perspectiva jurídica qué ha de entenderse por honor, intimidad y propia imagen, “otorga al poder judicial un amplio margen de discrecionalidad para fijar el ámbito de aplicación de la Ley, atendiendo a los usos sociales y las ideas que, en cada momento prevalezcan en la sociedad”.

No sabemos si lo que molesta al Partido Popular es precisamente que sean los jueces quienes interpretan y aplican las normas. Cuando el partido del Gobierno alude a los usos sociales y las ideas que en cada momento prevalecen en la sociedad, olvida que esta cuestión ya está bien resuelta por el Código civil en su Título Preliminar, un título al que buena parte de la doctrina otorga un carácter cuasi-constitucional.

En efecto, el artículo 3.1 del Código civil establece que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

 

Así, estando ya resuelta por la ley la interpretación de la norma en su contexto histórico y social, desde la consideración de la amplísima jurisprudencia constitucional, no se entiende qué pretende el partido del Gobierno.

No siendo un problema la interpretación en el contexto social, hay que pensar en otras intenciones. Sería más productivo que el Gobierno presente su propuesta abiertamente, y no maree con proposiciones no de ley que más que abrir un debate, provocan temor, al menos por traernos a la memoria la famosa “ley mordaza”.

Por cierto, aunque hoy mismo el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción pidiendo al Gobierno la derogación de la “ley mordaza”, rápidamente ha aclarado Mariano Rajoy que su ejecutivo sólo obedecerá al Congreso en aquello a lo que esté obligado por ley. Estamos apañados…

Oct 27

EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SU EJERCICIO POR LA CIUDADANÍA. LA PONDERACIÓN DE DERECHOS.

La generalización del uso de las nuevas tecnologías ha abierto, desde hace ya años, la capacidad de difusión masiva de mensajes por parte de la ciudadanía. Esa emisión de mensajes masivos ya no es monopolio de los canales antaño habituales, sobre todo los medios de comunicación.

Esa difusión masiva de mensajes comporta la distribución sencilla, barata, rápida y a veces muy eficiente, no sólo de textos, sino también de videos y fotografías. Al tiempo, la asunción del papel de emisor por parte de cualquier persona ha generado una nueva situación, con una alta incidencia en el uso, y muchas veces abuso ilícito, de los derechos vinculados a la libertad de expresión y a la intimidad.

Fundamentalmente, se produce un choque de intereses entre los dos derechos. Al tratarse de derechos fundamentales, el conflicto se sustancia, en muchas ocasiones, ante el Tribunal constitucional.

Los conflictos en el uso del derecho a la intimidad y de los derechos vinculados a la libertad de expresión, y su transgresión, son analizados en la obra de Victor Sánchez, recién publicada, “EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SU EJERCICIO POR LA CIUDADANÍA. LA PONDERACIÓN DE DERECHOS”.

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La obra se divide en tres partes, fundamentalmente. Por un lado, se analiza el alcance de los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión desde las perspectivas de la Constitución, la ley, la doctrina y el Tribunal Constitucional. Asimismo, se analiza el trabajo histórico del Tribunal Constitucional en la ponderación de los dos derechos.

Por otra parte, se analiza la incidencia del uso de estos derechos en dos ámbitos en los que tiene especial incidencia: los medios de comunicación y el sector sanitario.

Finalmente, se constata la falta de formación de la ciudadanía a la hora de saber ejercer de una manera cabal estos derechos, concluyéndose que la falta de formación se produce tanto en los niveles educativos básicos como en el ámbito de la enseñanza universitaria.

La obra está disponible en versión papel y en versión ebook CLICANDO AQUÍ.

 

 

Sep 03

País Valencià: calendari laboral oficial 2017

El Govern del País Valencià va aprovar ahir el calendari laboral oficial per a tot el territori corresponent a l’any 2017.

A les 12 festes oficials que afecten tot el territori, caldrà afegir dues festes a cada municipi, festes la declaració de les quals és competència de cada corporació local.

A la columna de la dreta d’aquesta pàgina web hi ha el calendari oficial 2017.

Ago 23

Fotografiar a una mujer que toma el sol sí es delito

Empezaremos este texto manifestándonos como suelen los juristas acabar sus informes: sometemos nuestro análisis a mejor criterio. Pero nos negamos a afirmar que fotografiar pechos de señoras en la playa no es delito. Además, es un ataque a la libertad de las mujeres (y de los hombres).

La edición on-line de EL PERIODICO DE CATALUNYA de 22 de agosto publica una información sobre la afición de algunos a realizar fotografías de mujeres desnudas o en toples en la playa (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/mirones-aprovechan-impunidad-legal-para-robar-imagenes-desnudos-playas-barcelona-5333863) .En resumen, mantiene la información de EL PERIÓDICO que “fotografiar a una mujer que toma el sol en toples sobre la arena no es un delito”, y se añade que “si la captación es en la playa, se considera que la víctima no ve vulnerada su intimidad puesto que se ha destapado voluntariamente ante la mirada de terceros”.

La noticia de EL PERIODICO ha sido recogida por otros medios. Así, la radiotelevisión pública vasca EITB ha emitido hoy un vídeo siguiendo la teoría defendida por el rotativo catalán, llegando a afirmar que “no hay normativa al respecto, la playa es pública” (http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4329372/video-fotografiar-persona-desnuda-playa-no-es-delito/ )

Consideramos que es necesario realizar algunas precisiones importantes. No hacerlo es tanto como animar a todo tipo de voyeur o curioso a armarse de una cámara y recopilar fotos o videos de señoras o señores desnudos, violentando su libertad.

El principal argumento que se esgrime en la información que comentamos para dar por legales estas fotografías o grabaciones de vídeo, es que la exposición de la desnudez que re registra es una exposición voluntaria, por lo que decaería el derecho a la intimidad.

Este argumento se hunde por sí sólo ante la mera consideración de la Constitución, de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y la Propia Imagen, y de la Ley del Código Penal.

A la luz del ordenamiento jurídico, podríamos estar ante un ilícito tanto penal como civil. Hay que hacer una precisión previa: si la persona no es reconocible en la foto, no hay problema. Se protege a la persona identificable.

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Esta foto no plantea problemas legales, ya que no se reconoce a la persona.

El artículo 18 de la Constitución “garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Según el artículo 197 del Código Penal, quién “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento”, “utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Y, en tercer lugar, la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y la Propia Imagen, en su artículo 7, considera intromisiones ilegítimas “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos”.

Conviene subrayar que el citado artículo 7 se refiere a la captación de imágenes también fuera de los lugares o momentos de la vida privada. En la calle, y más en la playa, la ciudadanía conserva su derecho a la intimidad.

Las salvedades que refiere este artículo 7 son las que se hacen en el siguiente artículo de la ley, referidas a personajes públicos -y no en cualquier situación- y a la presencia en lugares y momentos en que se producen hechos relevantes, es decir, que tengan transcendencia informativa. Si no se dan supuestos previstos por estas excepciones, hay una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Nos encontraríamos, por tanto, ante dos supuestos de ilícitos, uno civil y otro penal, estén las personas fotografiadas vestidas o desnudas. Y tal como establece el ordenamiento jurídico, para incurrir en el ilícito es suficiente con realizar la captación de imágenes; no es necesario que éstas lleguen a publicarse.

En apoyo de nuestro planteamiento podemos traer diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Por todas, citamos la STC 7/2014. En esta sentencia, por lo que se refiere al carácter público del lugar donde se realizan las fotografías, a juicio del TC, no se puede “situar la actuación de los demandantes extramuros del ámbito de protección del derecho a la intimidad. No puede admitirse que los demandantes, quienes en ningún momento han prestado consentimiento expreso, válido y eficaz a la captación y publicación de las imágenes, hayan disminuido por el hecho de mostrarse afecto en la calle las barreras de reserva impuestas por ellos al acceso por terceros a su intimidad. Como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existe una zona de interacción entre el individuo y los demás que, incluso en un contexto público, puede formar parte de la vida privada (Sentencia Von Hannover c. Alemania, Gran Sala, de 7 de febrero de 2012, § 95). Así lo hemos reconocido también en nuestra doctrina, por cuanto hemos afirmado que “la intimidad protegida por el art. 18.1 CE no se reduce necesariamente a la que se desarrolla en el ámbito doméstico o privado” (STC 12/2012, de 30 de enero, FJ 5)”.

Jul 30

Reforma de la regulación del trabajo nocturno

A pesar de la parálisis que el bloqueo político genera en la producción normativa del Estado, la competencia reglamentaria del ejecutivo ha permitido la actualización del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo que se refiere al trabajo nocturno.

Hasta el presente, la regulación del trabajo nocturno en dicho real decreto se limitaba a establecer, en su artículo 32, que la jornada máxima de ocho horas sólo se puede rebasar en tres casos: a) en supuestos de ampliaciones de jornada, y con un periodo de referencia de cuatro semanas, cuatro meses o seis meses, según los casos; b) cuando resulte necesario para prevenir y reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, y c) en el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo de los turnos por causas no imputables a la empresa.

La normativa se ha modificado mediante el Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, que publica hoy el BOE. La reforma añade un articulo 33 a la norma. Este artículo viene a fijar una jornada nocturna máxima de ocho horas en cómputo diario, para los trabajadores y trabajadoras nocturnos en trabajos con riesgos especiales o tensiones importantes. La novedad fundamental es el establecimiento de ese cómputo diario de la jornada.

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La nueva norma deja a la negociación colectiva la determinación de los trabajos que impliquen riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes.

La norma no resuelve las situaciones en las que, por efecto de las pérdidas de derechos generadas por las reformas del gobierno liberal-conservador de Mariano Rajoy, las trabajadoras y los trabajadores han quedado, de facto, al margen de la negociación colectiva.

La reforma normativa se ha realizado por imposición de la Unión Europea, tal como se explica en la exposición de motivos del real decreto.

El trabajo nocturno viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe su realización a menores de 18 años (artículo 6) y en los contratos para la formación y el aprendizaje (artículo 11). El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones generales para la realización del trabajo nocturno.

Horas extraordinarias y calendario laboral anual

El real decreto que venimos comentando (Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo) regula otras cuestiones muy importantes que deben conocer los y las representantes de las trabajadoras y trabajadores, como es la obligación de las empresas de entregarles mensualmente la relación de horas extras realizadas por cada persona de la plantilla.

La obligación que la empresa tiene de consultar con los representantes de los trabajadores el calendario laboral anual también está regulada en este real decreto.

 

Jun 06

Temps de treball retribuït per anar a votar el 26 de juny

Les persones que treballen el diumenge 26 de juny tenen dret a un permís retribuït per a anar a votar, d’acord amb el contingut de l’Ordre que publica avui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les empreses no poden impedir la utilització del temps necessari dins de la jornada laboral per a exercir el dret de vot. Si cap empresa tractara d’impedir l’exercici d’aquest dret, les persones afectades poden denunciar eixa actitud antidemocràtica, preferentment mitjanant els seus sindicats.

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El permís retribuït per anar a votar està reconegut en el Reial Decret 605/1999, d’àmbit estatal. La norma estableix que les persones que treballen durant la jornada electoral tenen dret a un permís retribuït de quatre hores si tota la jornada laboral coincideix amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals. Si la jornada només coincideix parcialment amb el temps de votació, el permís s’ha de reduir proporcionalment.

Cada comunitat autònoma amb competències en matèria laboral pot dictar les normes necessàries per a ordenar l’exercici d’aquest dret.

En el cas del Pais Valencià, el Consell ha determinat, mitjançant Ordre publicada avui al DOCV, els següents trams de permís per a votar:

  • Menys de 2 hores de treball:            Sense permís retribuït
  • Entre 2 hores i menys de 4:             2 hores de permís retribuït
  • Entre 4 hores i menys de 6:               3 hores de permís retribuït
  • 6 hores o més:                                   4 hores de permís retribuït

L’empresa en cap cas pot negar el permís per anar a votar, però és l’encarregada de distribuir els períodes de permís. L’empresa no pot obligar a votar fora de la jornada laboral, llevat el cas assenyalat de jornades que tinguen una coincidència menor de dues hores amb els horaris de votació.

Aquests temps de permís es redueixen proporcionalment a la jornada en el cas dels contractes a temps parcial.

Pel que fa a les persones treballadores que el dia de votació formen part d’alguna mesa electoral com a president o presidenta, vocal o interventor o interventora, que tingueren que treballar el diumenge i/o el dilluns, tenen dret a permís laboral retribuït la jornada de la votació completa i cinc hores lliures, també retribuïdes, el dilluns, sempre, com hem dit, que tingueren planificat treballar. Els apoderats només tenen dret al dia lliure retribuït durant la jornada de la votació, però no el dilluns.

Aquells membres de meses electorals que el dia de la votació tinguen assignat torn de treball la nit anterior poden demanar a l’empresa el canvi de torn, estant obligada l’empresa a satisfer la petició.

Tant la utilització de temps de treball per anar a votar com la condició de membre de mesa electoral, interventor o apoderat s’han de justificar a l’empresa mitjanant la corresponent certificació.

Una altra qüestió que cal saber és que els presidents/es i vocals de les meses electorals són donats d’alta el dia de la votació en el règim, general de la seguretat social, amb càrrec al Ministeri de l’Interior. Les lesions que puga patir un membre de mesa electoral per l’exercici de la seua funció tindran la consideració d’accident de treball. L’acció protectora comprendrà assistència sanitària, prestacions de recuperació, prestacions econòmiques en el cas discapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, i serveis socials.

May 19

Publicado el convenio colectivo de Figurantes de obras audiovisuales

EL BOE ha publicado (18-5-16) el I Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los figurantes que prestan servicios en las mismas.

Con la publicación de este convenio son ya tres los acuerdos estatales que regulan el trabajo en el sector audiovisual. El nuevo convenio se une a los ya existentes desde hace años, el Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios en las mismas, y el Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos).

No se ha negociado hasta el momento ningún convenio estatal del sector de televisión, ni en el ámbito privado ni en el público, por lo que la única regulación estatal vigente es la de los convenios de empresa. Sí existe, desde 2012, un convenio estatal de radiodifusión comercial.

Está disponible una recopilación de los convenios audiovisuales vigentes en este enlace, al final de la página.

May 18

INDRA: Los trabajadores pagan la fiesta… y no son invitados

Por los pelos cae en la materia de esta web el asunto que hoy llama nuestra atención.

650 trabajadoras y trabajadores, 400 de ellos de Valencia y el resto de Madrid, Barcelona y Tanger, han tenido que ir a la farmacia, entre ayer y hoy, a comprar drogas para poder dormir.

Tienen todos los boletos de un sorteo cuyo premio es acudir a incrementar el número de usuarios del SEPE, el antiguo INEM.

Ayer empezó a correrse la voz que hoy se ha convertido en noticia. Las 650 personas de INDRA que se ocupan de la atención telefónica y servicio técnico para la operadora VODAFONE pueden perder su contrato dentro de dos meses.

La razón, un pequeño movimiento de capital. TELEFONICA ha incrementado su participación accionarial en INDRA hasta el 6% del capital de esa empresa tecnológica. Ahora VODAFONE dice, por lo visto, que no se fía. Que TELEFÓNICA podría utilizar a INDRA para espiar a VODAFONE.

No lo entendemos. Con una participación del 3% no se puede espiar a VODAFONE. Con un 6%, sí. Bien, puede ser. Es posible que haya tensiones lógicas entre empresas que compiten en el mercado con productos prácticamente idénticos.

No es aceptable que el pato lo paguen, una vez más, los trabajadores y las trabajadoras. Pagan la fiesta entregando sus puestos de trabajo, pero no son invitados.

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En el ámbito de las noticias no totalmente confirmadas, el personal de INDRA en Valencia ha sabido que la intención de VODAFONE sería contratar el servicio con otra empresa del sector, Marktel. Pero no se ha abierto todavía ninguna negociación con los sindicatos para abordar la cuestión.

La duda ahora es sí la nueva empresa contratista absorberá la plantilla de INDRA o asumirá el servicio reforzando la plantilla que ya tiene en Valencia. La cosa huele a ERE. Aunque lo que correspondería sería aplicar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (sucesión de empresas), de modo que la nueva empresa contratista podría mantener la actual plantilla… INDRA podría aducir que no ha vendido una unidad productiva, sino que deja el servicio… con lo cual no habría sucesión de empresas… La cuestión no está clara y hay que negociar.

Lo que no es de recibo es que la primera noticia que reciben los trabajadores es que la contrata con INDRA va a ser rescindida, sin que se les ofrezcan alternativas de negociación. La plantilla está de los nervios, y es lógico.

Ya lo dijo ayer Juan Rosell, el presidente de los empresarios: “El trabajo fijo y seguro es del siglo XIX”.

Como apuntan los más prestigiosos analistas de la situación socio-económica, la crisis (o cambio de modelo, mejor) ha venido a incrementar las diferencias entre los que más tienen y los que menos. La banca siempre gana. Como dice Zygmunt Bauman en su “Estado de crisis”, “sin control alguno, los mercados que se guían únicamente por el criterio de la rentabilidad conducen a catástrofes económicas y sociales”.

La cara más negra de la globalización nos va ganando por 10-0. La Responsabilidad Social de las Empresas va camino de convertirse en un adorno en sus presentaciones publicitarias.

May 16

Proposició de llei del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat

La setmana passada parlàvem del començament de la tramitació de la proposició de llei de creació d’una nova entitat de radiotelevisió pública valenciana.

Ens ocupàvem, sobretot, de les repercussions que podria tenir la nova norma en la antiga plantilla de RTVV.

Avui, per tal de poder analitzar la situació real que es crearà, arrepleguem ací el text complet de la proposició de llei, tal com ha estat publicada al Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

Per accedir a la proposició de llei, premeu sobre aquest enllaç: 160513_proposicio_llei_tv_autonomica-s3

May 11

Tornar a la radiotelevisió pública valenciana: ni tan senzill ni tan avantatjós

Acaba d’informar-se del començament de la tramitació parlamentària de la llei que crearà la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. La previsió governamental és que les noves ràdio i televisió públiques podran començar a emetre el 29 de novembre pròxim. Es faria coincidir l’obertura amb el tercer aniversari del tancament de l’antiga RTVV, manu militari, per part del anterior Consell del Partit Popular.

L’anunci del procés ha arribar acompanyat per la previsió de fer les contractacions temporals inicials entre els antics treballadors i treballadores de RTVV que hi accediren mitjançant processos públics de selecció de personal. Aquest anunci satisfà les esperances de prop de la meitat dels ex-treballadors. D’una banda, els que no hi accediren per oposició sembla que quedarien descavalcats. D’una altra banda, els que per edat estan jubilats o pròxims a la jubilació, tampoc és previsible que opten a la contractació.

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Per tant, si probablement no arribarà a la meitat de l’antiga plantilla els que tindran opcions reals de treballar a la nova corporació, cal pensar que sí seran majoria els que continuen tenint l’esperança en una sentència de nul·litat de l’expedient de regulació de l’ocupació pel qual foren despatxats de RTVV. Aqueixa possible nul·litat tindria unes conseqüències que no són objecte d’aquest text. Temps hi haurà per parlar-ne.

Pel que fa als i les que sí podrien tenir interès a ser contractats temporalment per la nova corporació, hi ha un aspecte de la qüestió del qual no s’ha parlat aquests dies i que té una important transcendència econòmica.

En no haver passat tres anys des del comiat de RTVV, els qui ingressen a la nova corporació podrien veure’s en l’obligació de tributar a Hisenda per la indemnització rebuda. En molts casos, la tributació seria equivalent a un any de salari net. Massa diners si fora el cas que la contractació temporal no tinguera una duració sensiblement superior a l’any. Si la contractació fora inferior a l’any, el resultat econòmic seria negatiu. Caldria afegir a la situació la pèrdua d’un any que podria haver-se utilitzat en buscar altres ocupacions o fonts d’ingressos.

Per tant, la proposta de fer a alguns ex-treballadors i ex-treballadores un contracte temporal no sembla una proposta que realment puga satisfer la majoria dels 1.600 acomiadats fa dos anys.

Caldria que els promotors de l’eixida legal que es tramita a les Corts explicaren què hi ha de cert en el plantejament que s’acaba de fer. Almenys, cal disposar d’un informe jurídic de qualitat (no d’uns aficionats) sobre la qüestió.

Què diu la normativa legal?

L’article 7 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix que estan exemptes de tributació les indemnitzacions per comiat dels treballadors i treballadores.

Ara bé, hi ha un matís important, que es desprèn del Reglament de l’IRPF. Aquest reglament, en el seu article 1er estableix que l’exempció en el pagament d’IRPF queda condicionada “a la real efectiva desvinculació del treballador amb l’empresa. Es presumirà, llevat prova en contrari, que no es dona eixa desvinculació quan en els tres anys següents al comiat o cessament el treballador torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella en els termes prevists en l’article 18 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats”.

Quines són les empreses vinculades? Hi hauria vinculació entre RTVV i la nova corporació?

Per a tractar d’esbrinar-ho cal acudir a la Llei de l’Impost sobre Societats. Aquesta llei, en el seu article 18.2.g) considera societats vinculades “Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins el tercer grau, participen, directa o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis”.

Donat el fet que el Consell de la Generalitat seria el soci únic del 100% de les accions tant de RTVV com de la nova corporació, sembla raonable, des del punt de vista legal, que estaríem davant societats vinculades. De ser així, els contractats temporals de la nova corporació procedents de RTVV, haurien de tributar per la indemnització rebuda.

És important i urgent, per tant, l’elaboració d’un informe jurídic aclaridor de la qüestió.

I els salaris?

La situació seria més negativa per als treballadors i treballadores que acceptaren un contracte temporal si els salaris de la nova corporació són més baixos que els del conveni col·lectiu de RTVV,

Aquesta es una qüestió de la qual el govern valencià no ha parlat i que seria important aclarir com més prompte millor.

Com es farà la selecció de personal per a la contractació temporal?

Un altre aspecte transcendental en l’operació que es prepara és saber qui farà la selecció del personal temporal de la nova corporació,

L’antiga plantilla de RTVV ja no té representants legals des del punt de vista laboral.

D’una banda, hi ha associacions com ATRAU, MILDENOU o APROP, que legítimament poden actuar com a grups de pressió per a defensar els interessos dels seus membres. Cal insistir: tenen tota la legitimitat per actuar en defensa dels interessos dels seus membres, però de cap manera representen als 1.600 acomiadats.

D’una altra banda, el grup que està actuant amb la denominació de “comitè d’empresa” només té una autoritat moral (i només davant qui els reconega eixa autoritat moral) ja què desapareguda la plantilla de RTVV desapareix el comitè d’empresa. A més a més, té una manca de legitimitat democràtica. És senzill d’explicar: quan es convocaran eleccions sindicals? Quin serà el cens de treballadors de RTVV per a eixes eleccions?

Pel que fa a les seccions sindicals, no existeixen, perquè cap sindicat té treballadors a RTVV per a tenir-hi constituïda secció sindical.

Tot el que s’acaba de dir s’ha d’entendre des del punt de vista del Dret. Des del punt de vista moral cadascú pot pensar el que li vinga millor.

Per tant, la representació legal dels interessos de l’ex-plantilla de RTVV, com la de totes les persones treballadores que puguen optar a ingressar a la nova corporació recau únicament en UGT i CCOO, únics sindicats que per la seua condició legal de més representatius, tenen ex lege la representació de l’antiga plantilla.

Potser aquests sindicats no estan entenent com cal la seua responsabilitat de representació, perquè des de fora no es percep el seu treball en la qüestió. Vindria bé que digueren alguna cosa…

Amb aquest panorama, és raonable pensar que bona part de l’antiga plantilla de RTVV puga tenir una sensació d’orfandat.

Només hi ha tres vies per aconseguir que hi haja transparència i informació suficient en el procés: a) considerar que els actuals grups de pressió no representen a tots i totes, sinó només als qui els segueixen, b) que el Consell i les Corts faciliten amb la suficient publicitat i transparència una informació permanent sobre el procés, i c) que UGT i CCOO accepten la responsabilitat legal que els pertoca i s’impliquen en el procés sense intermediacions i en defensa dels interessos de tots, no només dels seus afiliats i afiliades.

Els membres de l’ex-plantilla de RTVV no ho tenen fàcil. Tenen raons per sentir-se orfes.

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