El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 ha quedado fijado en 1.134 euros, en catorce pagas anuales. Así se dispone en el Real Decreto 145/2024, publicado este 7 de febrero en el BOE. El nuevo …
La situación de baja por incapacidad temporal a causa de enfermedad o accidente, cuando es prolongada, puede derivar en situaciones difíciles en el momento en que la persona trabajadora se reincorpora al puesto de trabajo. …
Aquesta setmana hem obtingut la segona sentència que guanyem des d’aquesta assessoria en la qüestió dels triennis previs a À Punt. Amb les dues denúncies que hem guanyat nosaltres, en total ja són tres les …
El año recién cerrado, el 2021, nos ha dejado una tensión entre el mantenimiento, e incluso el auge, de regímenes autocráticos y, al tiempo, los brotes de movimientos populares en favor de los avances democráticos …
Ells treballadors i treballadores d’À PUNT MÈDIA tenen dret a ser retribuïts per l’antiguitat generada a RTVV i a d’altres empreses públiques. Així ho decreta el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que …
Hasta el presente, la regulación del trabajo nocturno en dicho real decreto se limitaba a establecer, en su artículo 32, que la jornada máxima de ocho horas sólo se puede rebasar en tres casos: a) en supuestos de ampliaciones de jornada, y con un periodo de referencia de cuatro semanas, cuatro meses o seis meses, según los casos; b) cuando resulte necesario para prevenir y reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, y c) en el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo de los turnos por causas no imputables a la empresa.
La normativa se ha modificado mediante el Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, que publica hoy el BOE. La reforma añade un articulo 33 a la norma. Este artículo viene a fijar una jornada nocturna máxima de ocho horas en cómputo diario, para los trabajadores y trabajadoras nocturnos en trabajos con riesgos especiales o tensiones importantes. La novedad fundamental es el establecimiento de ese cómputo diario de la jornada.
La nueva norma deja a la negociación colectiva la determinación de los trabajos que impliquen riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes.
La norma no resuelve las situaciones en las que, por efecto de las pérdidas de derechos generadas por las reformas del gobierno liberal-conservador de Mariano Rajoy, las trabajadoras y los trabajadores han quedado, de facto, al margen de la negociación colectiva.
La reforma normativa se ha realizado por imposición de la Unión Europea, tal como se explica en la exposición de motivos del real decreto.
El trabajo nocturno viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe su realización a menores de 18 años (artículo 6) y en los contratos para la formación y el aprendizaje (artículo 11). El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones generales para la realización del trabajo nocturno.
Horas extraordinarias y calendario laboral anual
El real decreto que venimos comentando (Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo) regula otras cuestiones muy importantes que deben conocer los y las representantes de las trabajadoras y trabajadores, como es la obligación de las empresas de entregarles mensualmente la relación de horas extras realizadas por cada persona de la plantilla.
La obligación que la empresa tiene de consultar con los representantes de los trabajadores el calendario laboral anual también está regulada en este real decreto.
Les persones que treballen el diumenge 26 de juny tenen dret a un permís retribuït per a anar a votar, d’acord amb el contingut de l’Ordre que publica avui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les empreses no poden impedir la utilització del temps necessari dins de la jornada laboral per a exercir el dret de vot. Si cap empresa tractara d’impedir l’exercici d’aquest dret, les persones afectades poden denunciar eixa actitud antidemocràtica, preferentment mitjanant els seus sindicats.
El permís retribuït per anar a votar està reconegut en el Reial Decret 605/1999, d’àmbit estatal. La norma estableix que les persones que treballen durant la jornada electoral tenen dret a un permís retribuït de quatre hores si tota la jornada laboral coincideix amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals. Si la jornada només coincideix parcialment amb el temps de votació, el permís s’ha de reduir proporcionalment.
Cada comunitat autònoma amb competències en matèria laboral pot dictar les normes necessàries per a ordenar l’exercici d’aquest dret.
En el cas del Pais Valencià, el Consell ha determinat, mitjançant Ordre publicada avui al DOCV, els següents trams de permís per a votar:
Menys de 2 hores de treball: Sense permís retribuït
Entre 2 hores i menys de 4: 2 hores de permís retribuït
Entre 4 hores i menys de 6: 3 hores de permís retribuït
6 hores o més: 4 hores de permís retribuït
L’empresa en cap cas pot negar el permís per anar a votar, però és l’encarregada de distribuir els períodes de permís. L’empresa no pot obligar a votar fora de la jornada laboral, llevat el cas assenyalat de jornades que tinguen una coincidència menor de dues hores amb els horaris de votació.
Aquests temps de permís es redueixen proporcionalment a la jornada en el cas dels contractes a temps parcial.
Pel que fa a les persones treballadores que el dia de votació formen part d’alguna mesa electoral com a president o presidenta, vocal o interventor o interventora, que tingueren que treballar el diumenge i/o el dilluns, tenen dret a permís laboral retribuït la jornada de la votació completa i cinc hores lliures, també retribuïdes, el dilluns, sempre, com hem dit, que tingueren planificat treballar. Els apoderats només tenen dret al dia lliure retribuït durant la jornada de la votació, però no el dilluns.
Aquells membres de meses electorals que el dia de la votació tinguen assignat torn de treball la nit anterior poden demanar a l’empresa el canvi de torn, estant obligada l’empresa a satisfer la petició.
Tant la utilització de temps de treball per anar a votar com la condició de membre de mesa electoral, interventor o apoderat s’han de justificar a l’empresa mitjanant la corresponent certificació.
Una altra qüestió que cal saber és que els presidents/es i vocals de les meses electorals són donats d’alta el dia de la votació en el règim, general de la seguretat social, amb càrrec al Ministeri de l’Interior. Les lesions que puga patir un membre de mesa electoral per l’exercici de la seua funció tindran la consideració d’accident de treball. L’acció protectora comprendrà assistència sanitària, prestacions de recuperació, prestacions econòmiques en el cas discapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, i serveis socials.
EL BOE ha publicado (18-5-16) el I Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los figurantes que prestan servicios en las mismas.
Con la publicación de este convenio son ya tres los acuerdos estatales que regulan el trabajo en el sector audiovisual. El nuevo convenio se une a los ya existentes desde hace años, el Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios en las mismas, y el Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos).
No se ha negociado hasta el momento ningún convenio estatal del sector de televisión, ni en el ámbito privado ni en el público, por lo que la única regulación estatal vigente es la de los convenios de empresa. Sí existe, desde 2012, un convenio estatal de radiodifusión comercial.
Está disponible una recopilación de los convenios audiovisuales vigentes en este enlace, al final de la página.
Por los pelos cae en la materia de esta web el asunto que hoy llama nuestra atención.
650 trabajadoras y trabajadores, 400 de ellos de Valencia y el resto de Madrid, Barcelona y Tanger, han tenido que ir a la farmacia, entre ayer y hoy, a comprar drogas para poder dormir.
Tienen todos los boletos de un sorteo cuyo premio es acudir a incrementar el número de usuarios del SEPE, el antiguo INEM.
Ayer empezó a correrse la voz que hoy se ha convertido en noticia. Las 650 personas de INDRA que se ocupan de la atención telefónica y servicio técnico para la operadora VODAFONE pueden perder su contrato dentro de dos meses.
La razón, un pequeño movimiento de capital. TELEFONICA ha incrementado su participación accionarial en INDRA hasta el 6% del capital de esa empresa tecnológica. Ahora VODAFONE dice, por lo visto, que no se fía. Que TELEFÓNICA podría utilizar a INDRA para espiar a VODAFONE.
No lo entendemos. Con una participación del 3% no se puede espiar a VODAFONE. Con un 6%, sí. Bien, puede ser. Es posible que haya tensiones lógicas entre empresas que compiten en el mercado con productos prácticamente idénticos.
No es aceptable que el pato lo paguen, una vez más, los trabajadores y las trabajadoras. Pagan la fiesta entregando sus puestos de trabajo, pero no son invitados.
En el ámbito de las noticias no totalmente confirmadas, el personal de INDRA en Valencia ha sabido que la intención de VODAFONE sería contratar el servicio con otra empresa del sector, Marktel. Pero no se ha abierto todavía ninguna negociación con los sindicatos para abordar la cuestión.
La duda ahora es sí la nueva empresa contratista absorberá la plantilla de INDRA o asumirá el servicio reforzando la plantilla que ya tiene en Valencia. La cosa huele a ERE. Aunque lo que correspondería sería aplicar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (sucesión de empresas), de modo que la nueva empresa contratista podría mantener la actual plantilla… INDRA podría aducir que no ha vendido una unidad productiva, sino que deja el servicio… con lo cual no habría sucesión de empresas… La cuestión no está clara y hay que negociar.
Lo que no es de recibo es que la primera noticia que reciben los trabajadores es que la contrata con INDRA va a ser rescindida, sin que se les ofrezcan alternativas de negociación. La plantilla está de los nervios, y es lógico.
Ya lo dijo ayer Juan Rosell, el presidente de los empresarios: “El trabajo fijo y seguro es del siglo XIX”.
Como apuntan los más prestigiosos analistas de la situación socio-económica, la crisis (o cambio de modelo, mejor) ha venido a incrementar las diferencias entre los que más tienen y los que menos. La banca siempre gana. Como dice Zygmunt Bauman en su “Estado de crisis”, “sin control alguno, los mercados que se guían únicamente por el criterio de la rentabilidad conducen a catástrofes económicas y sociales”.
La cara más negra de la globalización nos va ganando por 10-0. La Responsabilidad Social de las Empresas va camino de convertirse en un adorno en sus presentaciones publicitarias.
La setmana passada parlàvem del començament de la tramitació de la proposició de llei de creació d’una nova entitat de radiotelevisió pública valenciana.
Ens ocupàvem, sobretot, de les repercussions que podria tenir la nova norma en la antiga plantilla de RTVV.
Avui, per tal de poder analitzar la situació real que es crearà, arrepleguem ací el text complet de la proposició de llei, tal com ha estat publicada al Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
Acaba d’informar-se del començament de la tramitació parlamentària de la llei que crearà la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. La previsió governamental és que les noves ràdio i televisió públiques podran començar a emetre el 29 de novembre pròxim. Es faria coincidir l’obertura amb el tercer aniversari del tancament de l’antiga RTVV, manu militari, per part del anterior Consell del Partit Popular.
L’anunci del procés ha arribar acompanyat per la previsió de fer les contractacions temporals inicials entre els antics treballadors i treballadores de RTVV que hi accediren mitjançant processos públics de selecció de personal. Aquest anunci satisfà les esperances de prop de la meitat dels ex-treballadors. D’una banda, els que no hi accediren per oposició sembla que quedarien descavalcats. D’una altra banda, els que per edat estan jubilats o pròxims a la jubilació, tampoc és previsible que opten a la contractació.
Per tant, si probablement no arribarà a la meitat de l’antiga plantilla els que tindran opcions reals de treballar a la nova corporació, cal pensar que sí seran majoria els que continuen tenint l’esperança en una sentència de nul·litat de l’expedient de regulació de l’ocupació pel qual foren despatxats de RTVV. Aqueixa possible nul·litat tindria unes conseqüències que no són objecte d’aquest text. Temps hi haurà per parlar-ne.
Pel que fa als i les que sí podrien tenir interès a ser contractats temporalment per la nova corporació, hi ha un aspecte de la qüestió del qual no s’ha parlat aquests dies i que té una important transcendència econòmica.
En no haver passat tres anys des del comiat de RTVV, els qui ingressen a la nova corporació podrien veure’s en l’obligació de tributar a Hisenda per la indemnització rebuda. En molts casos, la tributació seria equivalent a un any de salari net. Massa diners si fora el cas que la contractació temporal no tinguera una duració sensiblement superior a l’any. Si la contractació fora inferior a l’any, el resultat econòmic seria negatiu. Caldria afegir a la situació la pèrdua d’un any que podria haver-se utilitzat en buscar altres ocupacions o fonts d’ingressos.
Per tant, la proposta de fer a alguns ex-treballadors i ex-treballadores un contracte temporal no sembla una proposta que realment puga satisfer la majoria dels 1.600 acomiadats fa dos anys.
Caldria que els promotors de l’eixida legal que es tramita a les Corts explicaren què hi ha de cert en el plantejament que s’acaba de fer. Almenys, cal disposar d’un informe jurídic de qualitat (no d’uns aficionats) sobre la qüestió.
Què diu la normativa legal?
L’article 7 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix que estan exemptes de tributació les indemnitzacions per comiat dels treballadors i treballadores.
Ara bé, hi ha un matís important, que es desprèn del Reglament de l’IRPF. Aquest reglament, en el seu article 1er estableix que l’exempció en el pagament d’IRPF queda condicionada “a la real efectiva desvinculació del treballador amb l’empresa. Es presumirà, llevat prova en contrari, que no es dona eixa desvinculació quan en els tres anys següents al comiat o cessament el treballador torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella en els termes prevists en l’article 18 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats”.
Quines són les empreses vinculades? Hi hauria vinculació entre RTVV i la nova corporació?
Per a tractar d’esbrinar-ho cal acudir a la Llei de l’Impost sobre Societats. Aquesta llei, en el seu article 18.2.g) considera societats vinculades “Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins el tercer grau, participen, directa o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis”.
Donat el fet que el Consell de la Generalitat seria el soci únic del 100% de les accions tant de RTVV com de la nova corporació, sembla raonable, des del punt de vista legal, que estaríem davant societats vinculades. De ser així, els contractats temporals de la nova corporació procedents de RTVV, haurien de tributar per la indemnització rebuda.
És important i urgent, per tant, l’elaboració d’un informe jurídic aclaridor de la qüestió.
I els salaris?
La situació seria més negativa per als treballadors i treballadores que acceptaren un contracte temporal si els salaris de la nova corporació són més baixos que els del conveni col·lectiu de RTVV,
Aquesta es una qüestió de la qual el govern valencià no ha parlat i que seria important aclarir com més prompte millor.
Com es farà la selecció de personal per a la contractació temporal?
Un altre aspecte transcendental en l’operació que es prepara és saber qui farà la selecció del personal temporal de la nova corporació,
L’antiga plantilla de RTVV ja no té representants legals des del punt de vista laboral.
D’una banda, hi ha associacions com ATRAU, MILDENOU o APROP, que legítimament poden actuar com a grups de pressió per a defensar els interessos dels seus membres. Cal insistir: tenen tota la legitimitat per actuar en defensa dels interessos dels seus membres, però de cap manera representen als 1.600 acomiadats.
D’una altra banda, el grup que està actuant amb la denominació de “comitè d’empresa” només té una autoritat moral (i només davant qui els reconega eixa autoritat moral) ja què desapareguda la plantilla de RTVV desapareix el comitè d’empresa. A més a més, té una manca de legitimitat democràtica. És senzill d’explicar: quan es convocaran eleccions sindicals? Quin serà el cens de treballadors de RTVV per a eixes eleccions?
Pel que fa a les seccions sindicals, no existeixen, perquè cap sindicat té treballadors a RTVV per a tenir-hi constituïda secció sindical.
Tot el que s’acaba de dir s’ha d’entendre des del punt de vista del Dret. Des del punt de vista moral cadascú pot pensar el que li vinga millor.
Per tant, la representació legal dels interessos de l’ex-plantilla de RTVV, com la de totes les persones treballadores que puguen optar a ingressar a la nova corporació recau únicament en UGT i CCOO, únics sindicats que per la seua condició legal de més representatius, tenen ex lege la representació de l’antiga plantilla.
Potser aquests sindicats no estan entenent com cal la seua responsabilitat de representació, perquè des de fora no es percep el seu treball en la qüestió. Vindria bé que digueren alguna cosa…
Amb aquest panorama, és raonable pensar que bona part de l’antiga plantilla de RTVV puga tenir una sensació d’orfandat.
Només hi ha tres vies per aconseguir que hi haja transparència i informació suficient en el procés: a) considerar que els actuals grups de pressió no representen a tots i totes, sinó només als qui els segueixen, b) que el Consell i les Corts faciliten amb la suficient publicitat i transparència una informació permanent sobre el procés, i c) que UGT i CCOO accepten la responsabilitat legal que els pertoca i s’impliquen en el procés sense intermediacions i en defensa dels interessos de tots, no només dels seus afiliats i afiliades.
Els membres de l’ex-plantilla de RTVV no ho tenen fàcil. Tenen raons per sentir-se orfes.
En 1970 Dario Fo estrenó en Varese (Italia) una de sus obras más celebradas: Muerte accidental de un anarquista. A lo largo de la representación los personajes tratan de “construir” una historia verosímil para explicar cómo un anarquista había muerto al “caer” desde una ventana de la comisaría en la que estaba detenido y custodiado por nada más y nada menos que seis policías.
Loco.- Pues claro. El muy astuto montó la comedia del ofendido a muerte, para tener un pretexto lógico para suicidarse… ¡lógico para ustedes, pero absurdo para los demás!
Comisario jefe.- ¿Cómo “para los demás”?
Loco.- ¿No lo entienden? Se hizo el camicace para hundirles. Él se tira; ustedes, ingenuos, relatan los hechos tal y como ocurrieron a la prensa y a la televisión, y nadie les cree, menos nuestro amado juez archivador, por supuesto… quien, además, escuchen lo que escribió en la orden: “el arrebato fue provocado por orgullo herido”. ¿Y quién se lo traga? ¡Suena a cuento chino!
La obra está plena de diálogos en los que se insinúa la implicación de diversos estamentos del Estado en acciones aparentemente desestabilizadoras, pero que no vienen más que a reforzar el poder de un sistema político podrido.
La acción se desarrolla en Milán, en un momento en que se suceden en Italia los atentados terroristas, en el marco de la que se llamó la “estrategia de la tensión”. La trama responde a un suceso real, la caída “accidental” del anarquista Pinelli desde la ventana de una comisaría.
Dario Fo explica en el prólogo de la obra que ésta se basa en un caso ocurrido en los Estado Unidos de América en 1921. Se trataba de una pequeña mentira dirigida a evitar la censura y los previsibles ataques por exponer los sucesos reales.
Darío Fo es un autor mundialmente reconocido. Lejos de considerarle apologeta del anarquismo violento, en 1997 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura.
Entre nosotros las cosas ocurren de otra forma. El asunto es bien conocido: dos titiriteros presentan a la inquilina de una vivienda, que es víctima de sucesivos ataques e injusticias desde diversos estamentos, desde el casero hasta la Iglesia, la policía y un juez. Al final el poder trata de manipular la verdad, acusando de terrorismo a la inquilina de la vivienda.
Salvando las distancias (sobre todo la distancia frente a la enormidad de Dario Fo), los planteamientos de la Muerte accidental de un anarquista y La Bruja y don Cristóbal no son tan lejanos.
Se puede juzgar la calidad dramática de la obra, la adecuación o no a un público infantil, la consistencia de la trama teatral del supuesto montaje policial (ficticio en todo caso).
Pero no parece sensato que la calidad de la obra o el juicio crítico que pueda provocar en algunos sectores pueda conducir a la aplicación del Código Penal. “Han escrito ustedes una obra tan mala, tan mala, que les voy a meter en la cárcel”, podría haberles dicho el juez.
Surrealista. O no… Porque los dos titiriteros durmieron cuatro noches entre rejas y aún están sometidos a medidas cautelares por la justicia penal.
¿En qué país vivimos? ¡Metamos también en la cárcel a Dario Fo!.
En el linchamiento han participado diversos diarios y algunas asociaciones. El día 5 de febrero, cuando se produjo la controvertida representación, y los días siguientes, determinada prensa cargó contra los titiriteros, tergiversando la trama de la obra. Hablaban de violaciones, de monjas apaleadas, de jueces ahorcados… Cuando la verdad era mucho más sencilla: una señora (la bruja) es víctima de acoso inmobiliario, de agresión a sus derechos como madre, de brutalidad policial y de sentencia injusta. Finalmente, bajo la presión de lo vivido, la señora se carga a un juez, algo que está muy mal (que quede claro, no sea que…). El sistema trata de esconder todo lo que hay detrás de la historia haciendo aparecer a la protagonista como una peligrosa terrorista. Esa es la función de la famosa pancartita “Gora Alka ETA”.
El día 28 de abril, la obra ha sido representada en Madrid por Alberto Sanjuán y Gloria Muñoz, con el apoyo y la implicación de diversas personas del mundo de la cultura. Se realizó en el marco de un acto por la Libertad de Expresión y contra la llamada Ley Mordaza. La respuesta, una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
¿Van a denunciar a todas las personas que ofrezcan públicamente el video de la representación?, ¿Van a denunciar al personal de la agencia Europa Press, a sus directivos y a sus propietarios?
De hecho, Europa Press está contribuyendo a la reproducción del delito ad infinitum, pues ha puesto a disposición mundial el video que se puede ver a continuación.
Si nuestros titiriteros hubieran situado la acción en Venezuela y en el cartelito hubieran escrito “Abajo la dictadura” seguro que algunos propondrían a estos chicos para el premio Cervantes.
La cuestión es saber qué persiguen quienes criminalizan una representación teatral. ¿Qué pretenden esconder o qué reacción en la sociedad pretenden provocar?
Nos lo explica Dario Fo en la misma obra que comentábamos arriba:
Periodista.- En pocas palabras, viene a decir que el escándalo, cuando no lo hay, conviene inventarlo, ya que es un medio extraordinario para mantener el poder, aliviando la conciencia de los oprimidos.
Loco.- Claro, la catarsis liberadora de tensiones, y ustedes los periodistas independientes son sus máximos sacerdotes.
Periodista.- ¿ah, sí? Pues no será para el gobierno, que se agita y corre como un loco a tapar cada escándalo que destapamos.
Loco.- Se agita el gobierno, que sigue siendo decimonónico, precapitalista… pero fíjese en gobiernos más evolucionados, como los de Europa del Norte.
(…)
Cartel comisario.- ¿No os parece un discurso un poco marxista?
Cartel comisario jefe.- No, es la típica dialéctica jesuítica: primero te da la razón y después te destroza”
Se recomienda leer, o releer, la Muerte accidental de un anarquista. Pero en el cuarto de baño… por si las moscas…
Algo grave está pasando con la libertad de expresión en el Estado Español. De eso habrá que ocuparse otro día.
Ha pasado un siglo y las cosas siguen igual. Ha pasado un siglo desde que Antonio Machado dijera, en sus Proverbios y cantares, aquello de que “de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa”. No aprendemos.
La decencia y la honestidad intelectual a veces, seguramente muchas veces, están atravesadas por el interés. Interés fijo o variable, según las necesidades de cada cual en cada momento.
Me provoca la anterior reflexión la embestida que ha sufrido Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, a partir de su intervención en un acto académico en la Universidad Complutense de Madrid.
En su exposición, Iglesias aludió reiteradamente al periodista de El Mundo Alvaro Carvajal, como supuesto contertulio suyo y que le habría confesado que en los medios de comunicación se prospera si se consigue colocar noticias en la primera página hablando mal de Podemos.
Al líder de Podemos le han caído embestidas de todos los colores.
Conviene, antes de avanzar, fijar los términos de la cuestión.
Por una parte, Pablo Iglesias se recreó citando varias veces a un informador, citándolo por su nombre, y no precisamente para darle besitos. Mal, muy mal, Pablo. Ya ha pedido disculpas, aunque nadie está obligado a aceptárselas.
Por otra parte, pone encima de la mesa algo que todos y todas sabemos: que los medios de comunicación responden a intereses económicos e ideológicos.
No hay que recurrir a la hermenéutica para constatar que la veracidad y la pluralidad son contempladas desde perspectivas diversas. Léase, si no se ha reparado en ello, La Razón, El País, El Mundo, ABC, El Diario, OK Diario, Público, El Español, etc.
La verdad, lo realmente acontecido, se cuenta desde perspectivas diferentes. Si la mirada es honesta, se podrá hablar de veracidad y de decencia. Si la mirada no es honesta, podremos hablar de falta de veracidad, de indecencia y de manipulación. Canal 9, Telemadrid, Televisión Española, etc.
¿Alguien se atreve a decir que lo recién formulado es mentira?
Vale, pues estoy dispuesto a que se me diga que miento, ya que tendré que aceptar la libertad de opinión de los demás. Podremos debatir, razonar, dialogar y llegar a acuerdos en la interpretación de la cuestión, o no.
Lo que no es de recibo es que se niegue a una parte la libertad de opinión. Precisamente eso es lo que ha pasado con el asunto de la intervención de Iglesias. Se le condena porque (algunos interpretan que) ha atacado la libertad de información, y al condenar al de Podemos, de paso, se condena también la libertad de opinión. Incoherencia por la que nadie ha pedido disculpas.
Una embestida en el más puro estilo bestia que expresa Machado.
Nos hemos acostumbrado en exceso a movernos en el ámbito de lo políticamente correcto. Nos podemos llamar unos a otros corruptos e indecentes. Pero lo tenemos que hacer con traje y corbata, y si es posible comiendo langosta y angulas. ¡Cuánta hipocresía!
Lo más lamentable del incidente es que diversas asociaciones de periodistas, en un ejercicio de corporativismo que seguramente a Machado no le habría gustado nada, se hayan lanzado a condenar al líder de Podemos por haber atacado, dicen, la libertad de información. Pero ninguna de esas asociaciones ha defendido el derecho a la libertad de opinión de Iglesias… máxime en un espacio académico.
Es como si molestara que se invite a pensar, a reflexionar. Todo el mundo sabe que los periodistas son asalariados. Todo el mundo sabe que el poder real lo tienen las empresas periodísticas, todas ellas al servicio de intereses económicos o políticos.
Unos intereses que casi siempre juegan en el campo neoliberal, o como mucho en el social-liberal (esta vez sí ha funcionado la Gran Coalición). Cuando ellos ladran, hay que ponerse firmes. Cuando otros les ladran a ellos, parece que lo políticamente correcto es protegerles. ¡Cuánta hipocresía! Como decía Eduardo Galeano: “nos mean y los diarios dicen “llueve””
Es lamentable que los presuntos (presuntos, insisto) representantes de los periodistas, digan “¡ay!” cuando la patada va a los culos de los editores. A veces es mejor callar. O hacer algo realmente efectivo por tantos y tantas periodistas que cobran menos de mil euros al mes (¿cómo no van a aceptar escribir al dictado?), o ni tan siquiera eso, pues están parados.
El telediario de la noche de TVE del pasado 22 de febrero ilustró una noticia sobre acoso a menores con imágenes de la página en Facebook de un ciudadano anónimo. En la información se identificaba fácilmente tanto al propietario de la página como a algunos amigos suyos.
Se trata, sin duda, de una transgresión gravísima del derecho a la intimidad. Y por el contenido de la información, se trata también de una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen. Es decir, un pleno de TVE en el incumplimiento de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La responsabilidad agravada de los medios de comunicación
El hecho se debe analizar desde dos perspectivas. Por una parte, se puede analizar la incidencia general de las redes sociales en la conculcación de los derechos recién apuntados. Por otra parte, podemos estudiar esa misma conculcación por parte de los medios de comunicación. Es decir, debemos diferenciar la transgresión que efectúa un particular en las redes sociales de la que realiza un medio de comunicación.
En cuanto a los medios de comunicación, hay que entender, más aún, hay que dar por hecho, que los medios aplican medidas preventivas para no transgredir estos derechos de la persona en sus informaciones. Esas medidas preventivas deben tener dos vertientes. Por una parte, el medio como empresa debería disponer de sistemas de vigilancia desde las perspectivas profesionales del periodismo y del derecho. Por otra parte, esas empresas deberían preocuparse por garantizar la adecuada formación de sus profesionales para hacer lo más difícil posible que se produzca el ilícito.
Nuestra experiencia apunta a que las empresas no toman las medidas preventivas y formativas necesarias, por lo que de alguna manera podrían compartir la responsabilidad con los autores materiales de las transgresiones.
En el ámbito particular, las personas que intervienen en las redes sociales también son en muchas ocasiones los sujetos transgresores de los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen.
La publicación de fotos de personas es ilegal si no hay autorización expresa
Para entendernos, la mera publicación de una foto de un amigo o amiga, conocido o conocida, en una red social o en una página de internet, es una transgresión de la ley, si no se cuenta con la autorización expresa de la persona cuyos datos se revelan públicamente.
La excepción, que además es garantía del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, la encontramos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En síntesis, no hay transgresión cuando la imagen de una persona aparezca como elemento meramente accesorio en una información de innegable interés, o cuando la persona tiene una relevancia pública y lo justifique la actividad en la que se le haga el oportuno seguimiento.
Por otra parte, a la perspectiva del análisis fáctico que se puede producir en relación con la citada ley orgánica, hay que unir la incidencia de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
La divulgación gratuita de datos personales está prohibida por la ley. Son datos personales el nombre, el DNI, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, el número de la Seguridad Social, el historial médico, la ideología, la religión, y otros.
Todos estos datos sólo los puede divulgar la propia persona en relación consigo misma.
El desconocimiento de la regulación legal por la mayor parte de la población lleva a millones de transgresiones diarias, transgresiones que no se denuncian por desconocimiento de los derechos o, en muchas ocasiones, por la escasa transcendencia de los hechos.
Ahora bien, hay ámbitos en los que se debe ser especialmente riguroso, como en el caso de los menores, o de las mujeres maltratadas. La divulgación de sus datos puede provocar situaciones de mayor vulnerabilidad.
Sólo hay dos acciones posibles para mejorar la calidad de nuestras intervenciones en las redes sociales. La primera, modificar los programas formativos de la educación obligatoria, para que todos los egresados tengan los conocimientos suficientes para administrar por sí mismos la cuestión. La segunda, la acción de los poderes públicos para, mediante las adecuadas campañas, elevar el conocimiento de la población en estas materias.
La tensión derechos de la información vs derecho a la intimidad y el honor
Pero, volviendo al inicio, hay un ámbito en el que hay que actuar sin piedad: el de los medios de comunicación. Desde la radical defensa del derecho a la libertad de expresión, hay que perseguir y denunciar las intromisiones ilegítimas en la intimidad, en la vida personal, por parte de los medios.
No hay que dejar de considerar, en este punto y en relación con los medios de comunicación, que a menudo se produce una tensión, más aún, un conflicto en el ejercicio de los derechos a la intimidad y a la información. En la resolución de esos conflictos, el Tribunal Constitucional viene aplicando lo que se conoce como ponderación de derechos o juicio de proporcionalidad.
Llegim a la premsa local que la Diputació de València considera que l’actual conveni col·lectiu de l’empresa pública IMELSA és il·legal i que remetrà aquest conveni a la fiscalia, per tal que es prenguin les decisions oportunes per restablir la legalitat i per exigir les possibles responsabilitats.
IMELSA és una empresa pública de la Diputació de València que te com a objectiu principal la promoció, suport i participació en activitats econòmiques, empresarials i socials que contribuïsquen al desenrotllament socioeconòmic dels municipis de la província de València
Allò que podria ser més important i transcendent de les accions que ha anunciat la Diputació serà l’exigència de responsabilitats, ja que si algú al sector públic fa alguna cosa il·legal, el mínim que es pot exigir és que es pague el que toque per la responsabilitat.
Entre les irregularitats que considera la Diputació és destacable la manca de principis i garanties en la contractació de personal.
Per als 1.600 ex-treballadors i ex-treballadores de RTVV deu resultar insultant que a la seua ex-empresa ningú no haja buscat la responsabilitat dels qui signaren un conveni col·lectiu que, finalment, va resultar una estafa. Una estafa que va suposar una pèrdua d’uns 2.000 euros anuals de salari, duna manera arbitrària. Deixant a banda les reduccions salarials i les congelacions acordades pels governs de Zapatero i de Rajoy.
Des de l’any 2001, la direcció de RTVV signava amb els representants dels treballadors unes taules salarials que calia suposar legals i que incloïen una quantitat en concepte de Plus Conveni. Tota la plantilla de RTVV estava convençuda que el que cobrava era el seu salari legal.
Però de sobte RTVV va deixar de pagar eixa quantitat, el Plus Conveni, que, cal insistir, estava regulada a les taules salarials que l’empresa oferia any rere any per a la seua signatura als representants dels treballadors i treballadores.
Al cap de més de deu anys, l’empresa deixà de pagar eixe plus i la qüestió es judicialitzà. L’Audiència Nacional en primer lloc, i després el Tribunal Suprem donaren la raó a l’empresa: el plus es pot suprimir, no està fonamentat en les normes de la Conselleria d’Hisenda i és un concepte retributiu nul. Textualment, l’Audiència Nacional digué a la seua sentència, i el Tribunal Suprem va ratificar, que: “tant el plus com les seues successives actualitzacions des de l’any 2001 no contaven amb l’obligada autorització administrativa i eren nuls de ple dret”.
Plus nul de ple dret. Bé, així serà si així o diuen l’Audiència Nacional i el Suprem. Ara bé, cal suposar que un pagament continuat d’un plus durant onze anys que a la fi resulta il·legal, i que ha comportat una retribució mitjana de 20.000 euros a 1.600 treballadors (més de trenta milions d’euros), hauria de provocar alguna petició de responsabilitats.
Doncs no ha estat així. Ningú no ha demanat cap responsabilitat.
Els sindicats acceptaren el plus, com és lògic, doncs entre les seues funcions està la de millorar les condicions retributives de la plantilla. Després, defensaren el plus als tribunals i van perdre.
Però, on està el Consell? Algun càrrec del Consell va aprovar d’alguna manera, per acció o per omissió, el pagament reiterat del plus. Algú de la Sindicatura de Comptes no faria tot el que hauria hagut de fer per a denunciar la reiterada -durant onze anys- il·legalitat.
Al final, els treballadors i les treballadores resulten estafats, els pressupostos públics són perjudicats en més de trenta milions d’euros, i de la qüestió hi ha ZERO RESPONSABLES!
L’actual Consell hauria d’estudiar la qüestió. Perquè des de dins, des de RTVV poca cosa es pot fer ja. L’empresa està tancada i en liquidació; allà no hi ha treballadors ni treballadores, i per tant no n’hi ha ni comitè d’empresa ni seccions sindicals. Els ex-treballadors de RTVV no tenen responsables sindicals que els representen. Per tant, tot apunta a que només el Consell actual està legitimat per demanar responsabilitats pel pagament d’un plus que va resultar finalment nul. No són dos quinzets. Són molts milions d’euros.
Si es fiscalitza la gestió d’IMELSA i es busquen responsabilitats, perquè no es fiscalitza la gestió de RTVV en matèria de negociació col·lectiva i s’hi busquen les responsabilitats?
Ex-treballadors i ex-treballadores estafats haurien de veure que almenys es faça justícia.
D’una altra qüestió de la que fèiem esment dalt, la contractació de personal de RTVV, se n’ha parlat molt… i potser algun dia també en parlarem aquí. Encara que siga pel “derecho al pataleo”.
I parlant de personal, davant la conformació de la plantilla de la futura RTVV, cal esperar que no hi haurà “pasteleos” que beneficien una part de l’antiga plantilla i oblide una altra part. Si algú de l’actual Consell negocia la plantilla de la futura RTVV amb algun suposat representant sindical, ha d’haver-hi transparència, i el primer que s’haurà de fer es justificar el just títol que done legitimació, en sentit jurídic, als possibles negociadors. Si no és així, hi haurà desconfiança per part de molts ex-treballadors i ex-treballadores de RTVV. Desconfiança i un camí assenyalant els tribunals.
