Publicado el nuevo Estatuto de los Trabajadores 2015

El Boletín Oficial del Estado publica hoy, 24 de octubre de 2015, una nueva Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se trata del tercer texto articulado del Estatuto de los Trabajadores. El primero fue el promulgado en 1980. El segundo, y que ahora quedará derogado, es el de 1995.

El nuevo Estatuto de los Trabajadores, aunque publicado hoy en el BOE, no entrará en vigor hasta el día 13 de noviembre. Dado que el Real decreto legislativo por el que se aprueba la nueva ley no dispone de disposición de entrada en vigor, hay que aplicar la norma general establecida por el artículo 2.1 del Código civil. Dicho artículo establece una vacatio legis de 20 días para la entrada en vigor de las normas legales, siempre que éstas no establezcan otro término.

Por tanto, hasta el 13 de noviembre está en vigor el estatuto de 1995, que en que será sustituido plenamente por el nuevo. Veinte días para que todos los agentes implicados estudien el nuevo texto, que se puede consultar en este enlace.

En principio, el nuevo estatuto no debe modificar la normativa anterior, debiendo limitarse a la redacción de un texto refundido que recoja y organice de una forma lógica toda la normativa vigente y que, aunque aprobada por diversas leyes, tenga una incidencia en las materias propias del Estatuto de los Trabajadores. Esto es así porque esa es la finalidad de un real decreto legislativo, de acuerdo con el artículo 82 y siguientes de la Constitución de 1978. En todo caso, la función redactora de un nuevo texto articulado se constriñe a lo establecido por el artículo 1.d) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre.

Con todo, el mero trabajo de articulación del nuevo texto comporta un riesgo de introducir sutiles modificaciones. Unas modificaciones que, aunque de entrada parezcan acordes con la normativa que se está refundiendo, en la práctica pueden generar nuevos problemas de interpretación.

Así lo entendió el Consejo Económico y Social (CES), en su dictamen de 28 de julio.

Estatuto con una (posible) muerte anunciada

La plena vigencia del nuevo estatuto, a partir del 13 de noviembre, no viene acompañada por razones fundadas para darle una previsión de larga vida. Ni mucho menos. Diversos partidos políticos de los que afrontan las elecciones legislativas estatales del 20 de diciembre con opciones reales de acceder al Gobierno ya han anunciado modificaciones más o menos intensas de la normativa laboral.

Dependiendo de la composición del nuevo Gobierno a primeros de 2016 podría ocurrir que el estatuto de 2015 sea derogado y sustituido por el que sería el cuarto Estatuto de los Trabajadores de la democracia.

Razones no faltan para esperar un nuevo estatuto, una nueva ley que devuelva el equilibrio roto en el modelo de relaciones laborales.

Fundamentalmente dos cuestiones requieren una urgente y profunda reforma. En primer lugar, es absolutamente necesario, desde un mero punto de vista democrático, el fortalecimiento del papel de los agentes sociales, especialmente los sindicatos, en la negociación colectiva. Las reformas llevadas a cabo por el actual Gobierno han devaluado hasta extremos insoportables la negociación colectiva. La actual regulación sólo protege a los defensores del modelo liberal, en el que las fuerzas del mercado dejan en la cuneta a los sectores más débiles.

En segundo lugar, es necesario reformar los modelos de contratación, rescisión de contratos e indemnizaciones. El actual modelo, hijo de los liberales, desestructura el mercado de trabajo, desprotegiendo a la parte más débil y fomentando el trabajo precario, temporal y a tiempo parcial de nula o escasa calidad y con salarios indignos.

Una sociedad democráticamente avanzada no debería poder soportar más el actual marco legal de las relaciones laborales.

Nueva Ley de Empleo

El Gobierno también ha aprobado, por el mismo mecanismo, el real decreto legislativo, una nueva Ley de Empleo. La ley que mandata al Gobierno para elaborar y promulgar la nueva ley es la misma que en el caso del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 20/2014, de 29 de octubre. Y también llega la nueva norma sin previsión de fecha de entrada en vigor, con lo que esta se producirá el 13 de noviembre, transcurrida la vacatio legis de 20 días. Ese día quedará derogada la actual Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

El 23 de septiembre pasado el Consejo Económico y Social aprobó el dictamen del proyecto de real decreto legislativo. A falta de la interpretación y el análisis jurídico de las reformas, los dos dictámenes del CES dan claves para su análisis y su interpretación: Dictamen del CES sobre el Estatuto de los Trabajadores y Dictamen del CES sobre la Ley de Empleo.

¡Alerta, la infracción en materia de protección de datos puede tener una sanción de 600.000 euros!

Las facilidades en la gestión de datos que las tecnologías de la información y la comunicación nos han traído han multiplicado la eficiencia en la gestión de todo tipo de organizaciones. Empresas, instituciones, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y cualquier otro tipo de organización se benefician de las herramientas que facilitan la creación de bases de datos y su utilización para la consecución de los fines de cada entidad.

Pero la creación y la gestión de bases de datos personales entraña riesgos. Una utilización incorrecta de las bases de datos personales puede provocar que la organización infractora sea sujeto de un expediente sancionador a cargo de la Agencia Española de Protección de Datos.

La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece en su artículo 45 las sanciones que pueden aplicarse a los distintos tipos de sanciones:

  1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.
  2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
  3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros.

No son sanciones de poca transcendencia. La sanción máxima puede llegar a los 600.000 euros, es decir, cien millones de pesetas.

Ante el riesgo de cometer infracciones en la gestión de datos personales, empresas y organizaciones deben extremar las cautelas.

Existen empresas que pueden evaluar las medidas de seguridad aplicadas en la gestión de datos, elaborando un dictamen y aconsejando las medidas a aplicar en cada caso para no correr riesgos, o al menos minimizarlos.

La evaluación de riesgos y la aplición de medidas de seguridad en la gestión de datos personales es una de las especializaciones de VS COM.

Pero, además de la conveniencia de realizar una evaluación experta, las empresas y las organizaciones deben tener unas nociones mínimas en la materia. A tal fin se dedica el presente texto.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece unas estrictas condiciones para la creación, mantenimiento y uso de las bases de datos. Desde el inicio del año 2000, el tratamiento de datos personales se ha de realizar, en España, con una enorme cautela para no incurrir en una infracción sancionable en vía administrativa.

La citada ley orgánica define como datos de carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Los datos de carácter personal están muy protegidos, de manera que incluso la voluntad de crear un listado de personas con sus direcciones de correo electrónico, teléfonos y otros datos de identificación y localización debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos.

El responsable de un fichero o tratamiento es “la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”, tal como establece el artículo 3 de la ley orgánica. El encargado de la base de datos es la persona, física o jurídica, que se ocupa del mantenimiento del fichero.

La ley obliga a comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos quién es la persona física responsable del mantenimiento y la custodia de la base. Hasta tal punto llegan las cautelas legales, que también se ha de comunicar dónde está ubicado el ordenador que contiene los datos, para el caso de bases de datos electrónicas.

Una vez creado el fichero, los datos deben ser custodiados, sin posibilidad de transferencia no autorizada a terceros y sin realizar usos distintos de aquellos para los que fue creado. Además, la persona incluida en el fichero tiene el derecho de conocer la inclusión y los datos personales que se recogen; tiene derecho a rectificar los datos contenidos en el fichero, y tiene derecho a ser eliminado del fichero. Los datos sólo pueden utilizarse para la finalidad declarada.

El responsable de un fichero de datos personales está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la base, custodiarla y mantener el secreto profesional. No se deben facilitar o revelar a terceros, bajo ningún concepto, datos obrantes en el fichero; ni tan siquiera a las personas físicas o jurídicas que, con datos, formen parte de dicho fichero. De hecho, los datos sólo pueden ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de los fines del fichero y con el consentimiento de los afectados. Ante cualquier duda en relación con lo que acabamos de expresar, se debe consultar con servicios jurídicos especializados.

Esta estricta legislación protege a la ciudadanía de intromisiones no deseadas en su ámbito íntimo y personal.

Todo lo anterior tiene excepciones relacionadas con la seguridad del Estado, la utilización de datos a efectos estadísticos o históricos y los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Excepciones, todas ellas, que no afectan a las finalidades de empresas u organizaciones ni, por tanto, al contenido de estas líneas.

El uso del correo electrónico

El envío de correos electrónicos se ha convertido en una herramienta fundamental para la distribución de informaciones. De acuerdo con la normativa legal, el envío de comunicados, boletines, informes, convocatorias y cualquier otro material, se realiza, obviamente, a partir de la existencia de un fichero de datos personales que contiene la dirección de e-mail de las personas destinatarias. En nuestros envíos, debemos incluir siempre, de manera muy clara y comprensible, un aviso sobre la inclusión del destinatario en una base de datos, con mención explícita a los derechos de los destinatarios en cuanto a acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos almacenados en la base de datos. Y la base de datos, lógicamente, debe estar legalmente registrada.

Por otra parte, es necesario ser muy cauteloso en el uso cotidiano del correo electrónico. Un envío a diversos destinatarios puede provocar la comunicación involuntaria a terceros de algunos datos de dichos destinatarios. Por tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso y no incluir nunca relaciones de correos electrónicos en el casillero denominado “CO” de los programas de correo. Siempre hay que incluir las relaciones de e-mail en el casillero “CCO”, mediante el cual la dirección de cada destinatario queda oculta para los demás.

Acabamos este apartado señalando que podemos cumplir buena parte de las obligaciones más importantes que nos impone la ley orgánica con la simple inclusión de un aviso legal al pie de todos nuestros correos electrónicos.

Datos protegidos

En cuanto a los datos personales protegidos, son estos, entre otros: el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección postal o la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de identificación fiscal, la huella digital, el ADN, una fotografía o el número de seguridad social.

Hay, básicamente, dos niveles de protección de los datos personales. Están especialmente protegidos, de acuerdo con el artículo 7 de la ley orgánica 15/1999, los datos de ideología, religión, creencias y afiliación sindical, para cuya recopilación se requiere el consentimiento escrito, y los relativos a la salud, el origen racial y la vida sexual, para los que se requiere consentimiento expreso, aunque no necesariamente escrito.

El segundo nivel de protección, atenuado, afecta a los datos no expresados en el párrafo anterior, entre los cuales están domicilio postal, teléfono y correo electrónico. En el caso de este segundo nivel de protección menos acentuada, basta disponer el consentimiento tácito de la persona para la inscripción y conservación de sus datos. En todo caso, para que opere este consentimiento tácito, hay que otorgar al afectado un plazo de 30 días para que manifieste, si lo desea, su oposición a la inscripción de sus datos.

Datos de afiliados a organizaciones

Hay una excepción importante a lo recién dicho. El artículo 7.2 de la ley orgánica establece que “se exceptúan” del consentimiento expreso y por escrito del afectado “los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado”.

Por tanto, las organizaciones incluidas en los ámbitos señalados en el párrafo anterior pueden mantener ficheros de datos de sus afiliados y afiliadas sin consentimiento expreso y escrito, pero es muy conveniente someter los datos a un proceso de oferta de oposición al consentimiento tácito. Hay que tener presente, no obstante, que si bien contra los derechos de acceso y rectificación de datos por parte de los afiliados a una de las organizaciones de los tipos reseñados no hay oposición posible, si está muy atenuado su derecho a la cancelación de datos básicos, si no es por causa de su baja como afiliados. No se entiende que se pueda mantener una afiliación sin su registro en una base de datos. Esta oferta de cancelación de datos se cumple sobradamente con la inclusión del aviso legal propuesto arriba.

Otra cuestión es la relativa a la posibilidad de oposición del afiliado o afiliada a la organización al uso de su correo electrónico para la recepción de información de ésta. Aunque no será nunca, previsiblemente, una situación general, ni tan siquiera habitual, si un afiliado o afiliada una de las organizaciones enumeradas manifiesta expresamente su oposición a recibir información, o de una forma más parcial, su oposición a recibir información por correo electrónico, se deberá restringir esta opción en sus datos personales que obren en la base de datos.

Datos de personas ajenas a la organización

Dado que los ficheros que vamos a crear van a tener fundamentalmente la utilidad de dirigirnos electrónicamente no sólo a afiliados o socios, sino también a otras personas de una empresa u organización y, en ocasiones, también a los medios de comunicación, conviene seguir algunos principios para cumplir la legislación en la incorporación y uso de datos de personas físicas y jurídicas ajenas a la organización.

De entrada, para no requerir el consentimiento escrito o expreso, debemos abstenernos de incluir en los ficheros los datos personales dotados de una especial protección, y que ya se han relacionado anteriormente: ideología, religión, creencias, afiliación sindical, los relativos a la salud, el origen racial y la vida sexual.

Para el resto de los datos, que son los que fundamentalmente podemos, razonablemente, necesitar (nombre y apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono, profesión y empresa) nos va a bastar disponer del consentimiento tácito, que vamos a obtener en treinta días a partir del primer envío del aviso legal propuesto.

Para tener constancia de dicho consentimiento tácito hay que conservar el primer correo electrónico enviado a cada destinatario conteniendo una mención al artículo 7 de la LO 15/1999.

También nos interesa saber cómo podemos obtener lícitamente los datos a incorporar a nuestra base de datos. Dado que no vamos a trabajar con datos especialmente protegidos, y que vamos a recabar el consentimiento tácito en la forma antes propuesta, podemos obtener los datos que necesitamos:

  1. Por comunicación directa de la persona a incluir en la base de datos, tanto verbal como escrita.
  2. Por consulta de fuentes documentales de acceso público.

Reiteramos que con la primera utilización de cada correo electrónico incluido en la base de datos hay que recabar, mediante el propuesto aviso legal, el consentimiento tácito antes aludido.

La ley orgánica establece un principio de proporcionalidad: es legítimo recopilar y conservar los datos que razonablemente sean necesarios para cumplir la finalidad del fichero. Es decir, el registro legal y el mantenimiento de un fichero no autoriza para recopilar datos de una manera excesiva e innecesaria para cumplir la finalidad. El fichero no puede convertirse en la base de datos de la CIA o del Ministerio del Interior. Hay que mantener las bases actualizadas y cancelar los datos cuando ya no son necesarios. Pero, alerta, cancelar no es borrar. Hay que conservar los datos que se han mantenido en la base de datos

El registro de la base de datos

Una vez hemos considerado todo lo anterior, y estamos en disposición de aplicarlo, ya estamos preparados para registrar nuestra base de datos.

El trámite es sencillo, aunque pueda convertirse en engorroso a la hora de cumplimentar los papeles. Se puede realizar la inscripción por correo, dirigiendo la documentación a la Agencia Española de Protección de Datos.

Ahora bien, lo más sencillo es realizar el registro telemáticamente, para lo cual basta acceder a la página de la AEPD, http://www.agpd.es , y seguir los pasos que en dicha página web se indican.

Tal como establece el artículo 26.5 de la ley orgánica, transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los efectos.

 

Recapitulación

Dicho todo lo anterior, vamos a hacer ahora una breve recapitulación de los pasos que debemos dar para disponer de una base de datos de calidad, tanto técnica como legal, para la difusión de nuestras informaciones:

  1. Diseñar la que será nuestra futura base de datos, de acuerdo con nuestras necesidades y la finalidad que tendrá el fichero.
  2. Previamente a su uso, notificar la creación de la base a la Agencia Española de Protección de Datos, informando sobre el tipo de datos que se van a almacenar, a efectos de su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. También se deben comunicar los cambios respecto a la inscripción inicial y cuando cese el uso del fichero. Transcurrido un mes desde la notificación, la base está registrada y se puede utilizar.
  3. Dotar de datos a la base.
  4. Mantener permanentemente la calidad de la base de datos, con las modificaciones de datos que se nos comuniquen o las cancelaciones que se nos tramiten.
  5. Utilizar la base de datos de acuerdo con su finalidad, teniendo especial cuidado en no transferir o revelar datos personales a terceros, enviando siempre los correos electrónicos ubicando las direcciones en la casilla “CCO”.

Para resolver dudas y realizar los trámites de alta, mantenimiento y utilización de la base, recomendamos consultar la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Y como ya hemos señalado, desde VS COM podemos ocuparnos de todas las gestiones y de la evaluación de la calidad y la legalidad de las bases de datos.

El miedo a la libertad

Cuando el que esto escribe andaba estudiando en la Complutense de Madrid, estaba de moda la obra de Erich Fromm “El miedo a la libertad”. El filósofo y psicólogo alemán exponía su teoría de la relación directa entre la influencia psicosocial de la falta de libertad y la implantación en la sociedad de estructuras mentales y relacionales fascistas.

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Debería recuperarse la obra de Fromm de las estanterías de las bibliotecas y promover su lectura entre las nuevas generaciones del Partido Popular. A ver si así se convencen de lo positivo que puede ser construir una alternativa política honesta y respetuosa con los valores que inspiran los derechos humanos.

Viene esta reflexión a cuento de la última embestida del PP, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, contra la libertad de expresión e información. Si hace un mes fue el ministro de Justicia quien sugería la posibilidad de sancionar a los medios que publiquen casos sujetos a investigación judicial, ahora es el grupo parlamentario liberal-conservador el que hace otra propuesta limitadora de la libertad de expresión y de información.

Pretende el PP reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prohibir lo que se ha dado en llamar “pena de telediario”. Es decir, pretenden hurtar a cámaras de televisión y fotógrafos, a la visibilidad de la ciudadanía en definitiva, los movimientos de presuntos delincuentes cuando son conducidos por la policía.

Justifican su propuesta en la presunta defensa del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de los detenidos.

De rebote, le mandan un mensaje al Tribunal Constitucional: deberá cambiar sus criterios en la aplicación del llamado juicio de proporcionalidad.

Como viene considerando el Tribunal Constitucional, los dos derechos fundamentales, los de los artículos 18 y 20 de la Constitución, pueden entrar en conflicto. Y ese conflicto no se resuelve siempre en favor del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen. En cada supuesto fáctico hay que ponderar cuál de los dos prima sobre el otro.

Es lo que el Constitucional ha llamado juicio de proporcionalidad, fundamentado en tres elementos de análisis: los juicios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad propiamente dicho. En función del resultado que arroje ese juicio de proporcionalidad, primará el derecho a la libertad de información y expresión o el derecho a la imagen, el honor y la intimidad.

La reforma que pretende el partido del Gobierno va en detrimento de la libertad de información de la globalidad de la ciudadanía y se carga el trabajo jurisprudencial desarrollado durante los últimos veinte años por el Tribunal Constitucional.

Una vez más, el Partido Popular debe rectificar. Se lo exige la democracia. No se puede alterar mediante una ley el equilibrio establecido por la Constitución. Podríamos estar ante una reforma legal inconstitucional.

El Community Manager no existe

Se habla mucho en este mundo moderno de la figura del Community Manager, el CM. Supuestamente es una persona que ha adquirido una profesión nueva y de enorme proyección.

Supuestamente es un nuevo profesional. Supuestamente. Porque realmente el CM no existe. Si nos atenemos a las funciones que se atribuyen habitualmente al CM, no tenemos más alternativa que concluir que estamos relacionando unas competencias o funciones que una sola persona, un CM, no puede realizar.

Por tanto, vamos a preferir hablar del Community Management, como conjunto de actividades que promueven, coordinan y animan la presencia de una organización en Internet mediante el uso eficiente de las redes sociales. El Community Management engloba el diseño estratégico, la elaboración del Social Media Plan y la gestión y dinamización de la presencia en Internet 2.0.

El CM como profesional no podrá realizar su función si la organización en cuya estructura ha sido integrado no tiene una visión estratégica de los recursos de la red 2.0.

El primer paso que debe dar la organización es realizar un análisis de la necesidad o de los beneficios de tener una presencia potente en la Internet 2.0 (blog, redes sociales, etc.)

Una vez tomada la decisión de apostar por la presencia activa en las herramientas interactivas y colaborativas de la red, la organización debe asumir que esa presencia comporta:

  1. Crear los espacios y aportar contenidos. De entrada, se debe decidir qué herramientas van a conformar el espacio 2.0 de la organización: blog, Facebook, twitter, youtube, etc. A continuación, tomada la decisión y creados los espacios, hay que aportar contenidos. Esos contenidos han de reunir unos mínimos estándares de novedad, de calidad y de aportación real al conocimiento. Los contenidos, obviamente, deben ser creados desde el diálogo colaborativo interno en la organización. El CM aislado puede tender a la pérdida del sentido de la realidad y de la misión de la organización.
  2. Promoción de la participación, creación de una “conversación” permanente con los stakeholder o partes interesadas, con las personas que conforman el target de la organización. Esta promoción de la conversación no puede ser exclusivamente tarea del CM, pues si una sola persona ha de animar la creación de red, el fracaso está garantizado. El trabajo de promoción de la conversación es tarea de equipo. Más aún en los momentos iniciales, pues en fases avanzadas, la participación de las personas objetivamente interesadas tiende a ser cada vez más espontánea.
  3. Captación de nuevos miembros. La red que se está tratando de construir debe tender al crecimiento permanente. El objetivo, o al menos la tendencia, es llegar a la totalidad del público objetivo de la organización. Ese público objetivo se puede compartimentar en tres niveles:
    1. Los miembros de la organización que ya tienen presencia en los espacios colaborativos creados.
    2. Los miembros de la organización que todavía no se han integrado en su red social.
    3. Las personas que siendo público objetivo, todavía no se han integrado en la organización ni en sus espacios en el Internet 2.0.
  4. Fidelización. Una vez creadas las redes y establecidos los protocolos de creación de contenidos y de incorporación del público objetivo, hay que mantener un trabajo permanente de fidelización de las personas seguidoras de las redes de la organización.

En definitiva, el trabajo de creación y mantenimiento de las redes sociales es un trabajo de equipo. El CM es la organización, y no una persona individual. Aunque la organización contrate o designe un especialista para coordinar las tareas…

Si aún no se ha entendido la necesidad de ese trabajo colectivo, basta reflexionar sobre dos cuestiones concretas en dos ámbitos concretos.

En primer lugar, pensemos en una página de una organización en Facebook. Supongamos que el CM cuelga en la página toda aquella información de la organización que se supone de interés para su público objetivo. Si no hay comentarios, adhesiones (“me gusta”) y actividad de compartición de contenidos, la página en Facebook estará sola y aislada en la red. Sin interacción, sin colaboración, no hay red 2.0.

En segundo lugar, pensemos en un blog. Tenemos que hacer las mismas reflexiones que en el caso de las redes sociales. Si publicamos trabajos importantísimos, en los que aportamos opinión, reflexión y conocimientos objetivamente de interés, pero no obtenemos respuesta en forma de comentarios, la apariencia será de estar solos, aislados y, lo que es peor, ignorados en la red.

Por tanto, es importante, sobre todo en la fase inicial de creación y consolidación de las plataformas de la organización en la red, que las personas que conforman el equipo más próximo a la dirección, tengan una participación muy activa. El equipo de la organización, al completo, ha de ser el primer animador de sus plataformas en la red.

Es importante que el equipo directivo de la organización promueva:

  1. La creación de contenidos, en la forma y con las temáticas adecuadas para cada recurso: blog o redes sociales.
  2. La interacción en las plataformas de la organización, mediante la realización de comentarios. No es aceptable la inclusión que un post en el blog que no reciba al menos tres o cuatro comentarios. Si los propios miembros de la organización no muestran interés por los contenidos que promueven, ¿qué razón hay para esperar que personas más alejadas de ese núcleo directivo sean las primeras en “abrir el fuego”?
  3. La colaboración en acciones de ampliación de las personas integradas en nuestras redes como seguidores o como suscriptores de nuestras fuentes RSS. Esa integración de nuevas adhesiones se puede conseguir bien mediante la invitación desde las propias redes, bien utilizando los canales de comunicación y contacto tradicionales, al margen de las redes.

En definitiva, si no hay un compromiso fuerte del equipo directivo de la organización, el CM como individuo personal, está muerto antes de empezar a trabajar. El Community Managemant es cuestión de equipo, planteamiento que no admite discusión.

Kant y la minoría de edad

Acaba de presentar Podemos su programa para las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Y como era de esperar, los restantes partidos han opinado. Habitual y previsible. Cuando otro partido presente su programa, todos los demás volverán a opinar. Y está bien que así sea.

Uno de los opinadores, Alberto Garzón, ha afirmado que Podemos, al presentar su programa ha utilizado una “una estrategia de calculada ambigüedad ideológica que supone tratar a los ciudadanos como en una minoría de edad kantiana”.

Quizás no sea Podemos el primer grupo que, en opinión de algunos, como Garzón, trata a los ciudadanos como menores de edad. La cultura del tuit de 140 caracteres, de la frase corta y contundente, vacía o ambigua, pero eficaz para la cuenta de resultados, nos está matando como especie pensante.

Te lo mereces, y lo sabes, dice el eslogan de una de las últimas campañas de El Corte Inglés. ¿Y cómo sabe El Corte Inglés que me lo merezco? No tienen ni puñetera idea. Conmigo no les funciona. Pero supongo que sus expertos en publicidad habrán detectado que si atraen a un grupo suficiente de la potencial clientela, si, si funciona.

El mecanismo de pensar por nosotros y después tratar de convencernos de que lo hemos pensado nosotros, no es nuevo. Las técnicas de persuasión funcionan. Sobre todo cuando hay tanta gente dispuesta a ser persuadida.

A estas alturas, no hay duda. El poder está instalado cómodamente en las pocas, o nulas, intenciones de pensar de muchos, y de muchas…

Recordemos el texto de Kant al que aludía Garzón. Procede de la obra “Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?”. Dice Kant: “La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no radica en una falta de entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con independencia, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! (Ten valor de servirte de tu propio entendimiento) es pues la divisa de la ilustración”.

“La pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres, después que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena (naturaliter majorennes), permanecen con gusto como menores de edad a lo largo de su vida, por lo cual le es muy fácil a otros el erigirse en tutores”.

“¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si sólo puedo pagar, no tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea”. Fin de la cita (Mariano dixit).

Es cómodo que piensen por nosotros. Pensar, ¡qué pereza!

El poder se viene aprovechando históricamente de la debilidad humana, que nos conduce a la comodidad, aunque sea a costa de nuestros propios intereses.

Ya lo dijo Sieyès, hace más de dos siglos, en beneficio de los liberales. “La gran mayoría de los ciudadanos carecen de preparación para ocuparse de las leyes que deben gobernar a Francia”.

Y su discípulo Benjamín Constant define la que llama “libertad de los modernos”, en contraposición a la “libertad de los antiguos” (Grecia). Demagógicamente, Constant defiende el derecho de los individuos a ocuparse de sus asuntos individuales y el derecho a no ser “interrumpido” en esa gestión de intereses individuales por tener que dedicarse a obligaciones públicas. Se justifica así la general inhibición de la ciudadanía en relación con los asuntos públicos. Se utiliza una supuesta defensa de derechos individuales para alejar a la mayoría del interés por la gestión pública. En esas estamos hoy de nuevo.

Están decidiendo por nosotros, mientras nos intentan convencer de que las decisiones las tomamos nosotros mismos. Es la dimisión de la política ante los mercados.

Conviene releer el ensayo de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet “El control de los medios de comunicación” (“Como nos venden la moto”), Icaria, 1995.

El ministro añora la censura

No lo hacen con afán de resolver problemas. No. Lo hacen porque son así, porque lo llevan grabado a fuego en su sistema neuronal. ¿Cómo se explica si no que ahora vuelvan a pensar en la censura previa?

No es otra cosa lo que acaba de sugerir –para ir pensándolo, dice- el ministro de Justicia. Ha planteado Rafael Catalá la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que estén bajo investigación judicial. Sugiere incluso “la posibilidad de imponer la obligación de la no publicación de la información”.

Al señor ministro se le debe suponer el conocimiento del ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento ya tiene instrumentos suficientes para proponer a los jueces la reconvención de actuaciones que se puedan suponer al margen de la ley. Así, se puede actuar contra quienes de manera ilícita revelen secretos protegidos por el ordenamiento jurídico. También se puede recurrir a la responsabilidad subsidiaria o solidaria incluso, según los casos, de los medios de comunicación ante la transgresión del deber de secreto. Por ello, apuntar directamente al establecimiento de una responsabilidad, civil o penal, a los medios de comunicación, y por tanto a sus responsables editoriales, no es más que manifestar la intención de colgar una espada de Damocles sobre la libertad de información.

Debería releer el señor ministro el artículo 20 de la Constitución, así como la doctrina del Tribunal Constitucional, para comprender que lo que prima es la libertad de información, y que sólo la colisión de su ejercicio con otros derechos fundamentales puede justificar la activación de la función de policía del Estado.

Pensar incluso en retorcer el ordenamiento jurídico para implantar una especie de censura previa, o de autocensura previa, es, también, retorcer la Constitución, que prohíbe la práctica inquisitorial y sólo permite el secuestro de una publicación por decisión judicial. No parece exagerado que quede evocada en nuestra mente la figura de la censura previa franquista al oír al ministro sugerir la posibilidad de imponer la obligación de la no publicación de la información.

Parece que la intención podría ser sacar del ámbito de la tutela judicial la decisión sobre qué es legítimo publicar y qué no lo es, para situarla en la zona del Derecho administrativo, en la que la Administración es juez y parte y tiene presunción de legalidad. Exactamente igual que han hecho con el hurto a la Justicia de la facultad de enjuiciar faltas derivadas de la acción ciudadana en la calle.

El ministro debería aceptar que la sociedad es mayor de edad y los profesionales de la información y los medios de comunicación tienen capacidad para decidir, sin tutelas ni amenazas, cuál ha de ser su actuación ante aquellos hechos que consideren información relevante. Sin responsabilidad no hay democracia; sin medios que faciliten a la ciudadanía la información relevante, tampoco.

(Publicado en el diario LEVANTE-EMV el día 1-5-2015)

Gravacions d’àudio o vídeo, registres i control informàtic en l’àmbit laboral

València, 10 de març de 2015.- En la pràctica sindical quotidiana, tant pel que fa al seu vessant de l’acció sindical com en les accions formatives de representants legals dels treballadors i treballadores, ens trobem sovint amb que les i els representants sindicals ens plantegen la qüestió de la licitud de les gravacions en àudio i vídeo en l’àmbit laboral, i més precisament, en l’àmbit jurisdiccional, al tractar de fer valdre eixes gravacions com a mitjà de prova en els judicis. També és freqüent el plantejament de qüestions relacionades amb l’ús de mitjans informàtics de comunicació per part dels treballadors i treballadores, o per part de l’empresa, en aquest últim cas per a controlar a la plantilla.

Tractarem d’apuntar respostes a aquestes qüestions. I ho farem per mitjà de tres estudis separats. D’entrada, ens ocupem de les gravacions “secretes” o “ocultes” de vídeo o àudio, realitzades per l’empresa o per treballadores i treballadors, de manera individual, per a tractar d’aconseguir proves d’una determinada conducta (conducta que pot ser de fer, de no fer o de dir). A continuació ens ocuparem de les gravacions, vigilància i registres que l’empresa pot realitzar ex lege (en virtut de la pròpia llei), i que tenen conseqüències per a les plantilles, bé en l’àmbit disciplinari, bé en els àmbits dels drets a la intimitat i a la pròpia imatge. Analitzem també l’ús de mitjans informàtics o de comunicació. Finalment, estudiem la protecció de les dades personals en l’àmbit de l’empresa i la facultat de registre per part de l’empresa sobre la persona i efectes del treballador/a.

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1.- Gravacions realitzades pels treballadors (o per l’empresa)

Moltes vegades, treballadores i treballadors consideren l’oportunitat de gravar (generalment en àudio, però a vegades també en vídeo) conversacions pròpies amb responsables de la seua empresa, amb la finalitat d’obtenir proves a utilitzar en un previst (o previsible) judici en l’ordre social. El cas del responsable empresarial que procedeix de la mateixa manera també es pot produir.

El cas que abordem és el d’aquelles gravacions obtingudes sense consentiment i sense coneixement de la persona gravada, perquè si es donara el consentiment ens trobaríem en un altre supòsit totalment alié a què ens interessa.

L’admissibilitat de les gravacions com a prova en els judicis de l’àmbit laboral està contemplada per l’article 90 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS):

Article 90. Admissibilitat dels mitjans de prova.

  1. Les parts, amb la justificació prèvia de la utilitat i pertinència de les diligències proposades, podran servir-se de quants mitjans de prova es troben regulats en la Llei per a acreditar els fets controvertits o necessitats de prova, inclosos els procediments de reproducció de la paraula, de la imatge i del so o d’arxiu i reproducció de dades, que hauran de ser aportats per mitjà de suport adequat i posant a disposició de l’òrgan jurisdiccional els mitjans necessaris per a la seua reproducció i posterior constància en interlocutòries.
  2. No s’admetran proves que tingueren el seu origen o que s’hagueren obtingut, directament o indirectament, per mitjà de procediments que suposen violació de drets fonamentals o llibertats públiques. Aquesta qüestió podrà ser suscitada per qualsevol de les parts o d’ofici pel tribunal en el moment de la proposició de la prova, llevat que es posara de manifest durant la pràctica de la prova una vegada admesa. A aquest efecte, s’escoltarà a les parts i, si és el cas, es practicaran les diligències que es puguen practicar en l’acte sobre aquest concret extrem, recorrent a diligències finals només quan siga estrictament imprescindible i la qüestió aparega prou fundada. Contra la resolució que es dicte sobre la pertinència de la pràctica de la prova i si és el cas de la unió a les interlocutòries del resultat o de l’element material que incorpore la mateixa, només serà possible recurs de reposició, que s’interposarà, es donarà trasllat a les altres parts i es resoldrà oralment en el mateix acte del juí o compareixença, quedant garantit el dret de les parts a reproduir la impugnació de la prova il·lícita en el recurs que, si és el cas, procedira contra la sentència.

(…)

  1. Si com resultat de les mesures anteriors s’obtingueren dades innecessàries, alienes als fins del procés o que pogueren afectar de manera injustificada o desproporcionada a drets fonamentals o a llibertats públiques, es resoldrà allò necessari per a preservar i garantir adequadament i suficientment els interessos i drets que pogueren resultar afectats.

Així, l’admissió de gravacions com a prova està matisada en el propi article 90 de la LRJS:

  1. No s’admetran proves que tingueren el seu origen o que s’hagueren obtingut, directament o indirectament, per mitjà de procediments que suposen violació de drets fonamentals o llibertats públiques.
  2. També podrien resultar no admissibles gravacions que ho siguen de dades innecessàries, alienes al procés o que afecten de manera injustificada o desproporcionada a drets fonamentals o a llibertats públiques.

Per tant, es pot aconseguir l’admissió d’una gravació com a prova, però eixa admissió queda vinculada a les esmentades condicions, i per tant la qüestió queda sotmesa al criteri del jutge. Dita d’una altra forma, hi ha el dret a obtindré

gravacions que s’utilitzen com a prova en el juí en l’àmbit social, però no es tracta d’un dret absolut.

En tot cas, caldrà determinar si es compleix el principi de proporcionalitat (si en la gravació no se n’ha anat més enllà del que és necessari) i si s’han respectat drets constitucionals com són els de la intimitat, l’honor i pròpia imatge, o drets de la protecció de dades personals. El juí de proporcionalitat es pot traduir, per a entendre la qüestió:

  1. a) en una anàlisi sobre la idoneïtat de la prova per a aconseguir l’objectiu proposat.
  2. b) sobre la necessitat d’utilització de la prova per no existir una altra prova alternativa i menys dràstica.
  3. c) sobre l’equilibri entre els beneficis de l’ús de la prova i el perjuí que es puga ocasionar.

Per tant, partint de que, en principi, la llei (art. 90.1 LRJS) accepta les gravacions com a prova, cal relativitzar aquest dret, que queda matisat (art. 90.2 i 90.6 LRJS) pel judici de proporcionalitat del seu ús.

Els drets a contrastar amb el dret d’ús de gravacions són els arreplegats en la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge i en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Prèviament, cal discernir si la qüestió afecta qüestions constitucionals. Per a això, convé portar ací el contingut de l’article 18 de la Constitució:

Article 18

  1. Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  2. El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-se en ell sense consentiment del titular o resolució judicial, excepte en cas de flagrant delicte.
  3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, en especial, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte resolució judicial.
  4. La llei limitarà l’ús de la informàtica per a garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

D’aquest article 18 ens interessen, als efectes de la matèria estudiada, dos qüestions:

  1. La garantia del secret de les comunicacions.
  2. La garantia al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En consideració al contingut del text constitucional, cal reiterar que el de gravar conversacions en què participa l’actor no és un dret absolut i el lògic és que els jutges i tribunals sotmeten la prova segons el parer de proporcionalitat, com i hem assenyalat.

Per a no estendre’ns en la qüestió més enllà del que és necessari per a l’objecte d’aquestes línies, basta assenyalar que, en resum, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, està prohibit registrar imatges, àudio o vídeo de persones sempre que no siga en situacions de transcendència informativa, o en l’àmbit de relacions familiar o d’amistat en sentit estricte, o bé que s’haja obtingut autorització explícita dels afectats per a l’ús d’eixes gravacions o preses d’imatges. És important assenyalar que l’il·lícit es produeix, no sols al difondre les gravacions, sinó inclús en el mer acte de prendre-les.

I des del punt de vista de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, està prohibit l’emmagatzematge i tractament de dades personals (i les gravacions de vídeo o d’àudio ho són) més enllà de l’àmbit privat, entés el dit àmbit privat únicament com el de l’estricte cercle familiar i d’amistats.

A partir d’aquest marc normatiu, sorgeix una altra qüestió: no tenen la mateixa consideració les gravacions de conversacions de tercers, en les que no participe qui fa el registre, l’emmagatzema i l’utilitza, que les gravacions amb la participació de qui fa el registre, l’emmagatzema i l’utilitza.

Les preposicions que acabem de mostrar subratllades (de i amb) són essencials a l’hora de determinar la licitud de l’ús de les gravacions. Així almenys ho entenen el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.

El criteri jurisprudencial

A l’hora de conéixer la cobertura legal i jurisprudencial en aquesta matèria, cal referir-se a la importantíssima sentència del Tribunal Constitucional 114/1984, que ve a confirmar que no hi ha vulneració del secret de les comunicacions si és una persona que va formar part de la conversació la que dóna publicitat a aquesta en un procediment judicial.

La sentència del TC al·ludida venia a analitzar la validesa com a prova d’una gravació d’àudio realitzada per l’interlocutor d’un periodista del diari Informació, d’Alacant, interlocutor que ocupava un alt càrrec administratiu. L’empresa editora del diari va utilitzar aquesta gravació, la qual cosa va donar lloc a successives accions judicials del treballador “gravat”. Aquestes accions judicials van culminar en la sentència esmentada del TC, que va donar la raó a l’empresa, donant per admissible com a prova la gravació.

En el Fonament de Dret sèptim de la referida sentència, el TC matisa que “Qui grava una conversació d’altres atenta, independentment de tota altra consideració, al dret reconegut en l’art. 18.3 CE (secret de les comunicacions); al contrari, qui grava una conversació amb un altre no incorre, per aquest únic fet, en conducta contrària al precepte constitucional citat”.

Per tant, és fonamental per a poder demostrar la licitud de la gravació que qui l’haja realitzat i la utilitze com a prova en juí siga una de les parts intervinents en la pròpia gravació, i no un tercer no participant en la conversació.

I encara cal discernir si la gravació utilitzada aporta únicament contingut relatiu al procés laboral o arreplega també continguts que afecten l’òrbita de la intimitat o l’honor de les persones.

Per tot allò que s’ha analitzat, hem de considerar com les conclusions més prudents:

1.- Les gravacions en l’àmbit laboral poden realitzar-se si el seu autor és un dels participants en la conversació, encara que no s’avise a l’altre interlocutor.

2.- Cal considerar que en eixa conversació gravada no s’aborden qüestions que afecten la intimitat o a l’honor de les persones.

3.- En tot cas, serà un jutge qui, a la vista de la proporcionalitat i la necessitat de la gravació, l’admeta o no com a prova.

4.- Qui realitze una gravació del tipus que venim estudiant, ha de consultar, en primer lloc, amb el seu servici jurídic, abstenint-se mentrestant, de reproduir públicament la gravació o de realitzar qualsevol altra acció amb ella.

2.- Càmeres de vigilància i gravacions d’àudio i vídeo

Ens ocupem ara de situacions molt més freqüents que l’abordada en primer lloc: la vigilància realitzada per mitjà de la gravació de vídeo i/o d’àudio per l’empresa amb caràcter general, en exercici de responsabilitats i drets legals… o no.

Les situacions que se’ns poden plantejar consistiran en el fet que:

  • L’empresa realitza gravacions per imperatiu legal o com a activitat requerida pels seus processos productius, i utilitza les dites imatges per a controlar, i a vegades sancionar, als membres de la seua plantilla.
  • L’empresa utilitza mitjans de gravació per a vigilar a la plantilla

Ens interessa la qüestió des de la perspectiva laboral, i no des d’altres.

Mesures de vigilància i control 

Seguint el Memento Social de l’Editorial Francis Lefebvre, en principi, els controls empresarials sobre l’activitat dels treballadors són lícits i per a entendre si un dret fonamental ha sigut vulnerat o no, cal valorar, cas per cas, la idoneïtat i proporcionalitat de la mesura segons l’objecte proposat (Sentències TC 186/2000; 98/2000).

Tant els treballadors com els seus representants han de conéixer la instal·lació de les mesures de control i la seua ubicació.

El centre de treball no constitueix per definició un espai en què s’exercisca el dret a la intimitat per part dels treballadors.

Així, per exemple, s’admet la instal·lació de micròfons en una sala de joc d’un centre de treball, si es donen les següents condicions (Sentència del TSJ de Galícia 25-1-96):

–  la mesura afegeix major control i seguretat a l’activitat de l’empresa;

–  la instal·lació és coneguda pels treballadors i el comité d’empresa abans d’entrar en funcionament;

–  els micròfons estan a la vista, la qual cosa elimina qualsevol actitud subreptícia de l’empresa;

–  la seua instal·lació es limita a punts concrets del centre de treball.

D’altra banda, s’admet la instal·lació de cambres en els llocs de treball, si bé aquesta ha de ser efectuada guardant la consideració deguda a la dignitat i intimitat dels treballadors. És a dir, no han de ser col·locades on no es realitze la prestació laboral com els servicis, llocs de descans o locals sindicals (Sentències: TSJ Galícia 21-4-95; TSJ Andalusia 17-1-94; TSJ Madrid 12-3-92; TSJ Valladolid 18-9-06).

En neteges i vestuaris sí es poden instal·lar micròfons si és necessari per a la seguretat de l’empresa, però de la seua existència i ubicació s’ha d’informar els treballadors i als seus representants (Sentència del TSJ de Galícia de 25-1-96)

Les sancions imposades per incompliment de la jornada laboral basades en les imatges obtingudes per cambres de videovigilància són nul·les, si no compten amb la prèvia informació expressa als treballadors d’aquesta finalitat de control de l’activitat laboral (Sentència TC 29/2013).

Amb criteri més restrictiu, es limita l’autorització a les cambres de filmació però sense registre d’àudio, en el cas de conversacions (siga entre els propis treballadors o amb clients) en les que s’aborden qüestions alienes a la relació laboral (Sentències TC 231/1988; 197/1991; TSJ Catalunya 25-4-94; TSJ Galícia 28-9-99).

Els responsables empresarials dels sistemes de videovigilància tenen les següents obligacions (Instrucció 1/2006 de l’Agència Espanyola de protecció de dades):

  1. a) Col·locar en les zones videovigilades almenys un distintiu informatiu ubicat en lloc prou visible, tant en espais oberts com tancats.
  2. b) Tindre a disposició dels interessats impresos en què es detall la informació prevista en la normativa sobre protecció de dades (EL 15/1999 art.5.1).

En tot cas, han d’utilitzar-se les possibilitats o mitjans menys agressius, atenent no sols al lloc de treball, sinó també a altres elements com són (Sentència del TSJ Valladolid 18-9-06)

 

-si la instal·lació es fa indiscriminadament i massivament o no;

-si els sistemes són visibles o han sigut instal·lats subreptíciament;

-la finalitat real perseguida amb la instal·lació de tals sistemes;

-les imatges obtingudes no han de tindre difusió posterior;

-si existeixen o no raons de seguretat per a això.

 

No obstant això, una pràctica empresarial consistent a gravar conversacions dels treballadors amb els clients és proporcionada a la finalitat que es pretén quan, al controlar l’activitat laboral del treballador, només persegueix corregir els defectes de la tècnica comercial respectant la seua intimitat en les següents condicions (Sentència TS 5-12-03):

–  el telèfon controlat és una ferramenta de treball perquè realitzen les seues funcions de telemàrqueting disposant, al mateix temps, d’un altre telèfon per a les seues conversacions particulars;

–  els treballadors coneixen que el dit telèfon de treball pot ser intervingut per l’empresa;

– l’Empresa només controla de -forma aleatòria en un 0,5 %les- crides rebudes pel treballador no les que fa, amb la finalitat de verificar la bona realització del servici per a la seua possible millora.

L’obtenció d’una prova per vídeo pot justificar-se per les irregularitats detectades en l’actuació professional del treballador constitutives d’una transgressió de la bona fe contractual i per tant, no constitueix una vulneració del dret a la intimitat resultant una mesura idònia, necessària i equilibrada per a la finalitat perseguida per l’empresa, que no és una altra que comprovar les seues sospites sobre la comissió de tals irregularitats (Sentències TC 186/2000; TSJ País Basc 25-4-06).

El poder de direcció i control de l’empresari ha de respectar els límits constitucionals  en relació al dret d’intimitat quant a l’ús de videocàmeres i a la contractació de detectius privats. Així, es considera inadmissible utilitzar un detectiu  camuflat com a personal per a conéixer la vida íntima i manifestacions dels treballadors en els seus llocs de descans, transgredint absolutament la bona fe contractual, a l’actuar en les zones a què no pot arribar lícitament la vigilància de l’empresa.

A més, l’ús d’un sistema que permet a l’empresa tindre notícies permanents de les conversacions i conductes dels treballadors en un àmbit que els és privat sobrepassa les facultats de control i direcció de l’empresari i suposa una intromissió il·legítima del dret a la intimitat. e entén que la implantació d’aquest sistema de control no és d’acord amb els principis de proporcionalitat i intervenció mínima que modulen els drets fonamentals amb els requeriments propis de l’interés de l’organització empresarial (Sentència TSJ Madrid 20-12-06).

3.- Mesures de control informàtic: ordinador, internet, correu electrònic

Encara que les mesures de control informàtic de l’empresari han de ser justificades, necessàries i equilibrades, la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha vingut a determinar que no té transcendència constitucional que aquestes mesures no siguen comunicades al comité d’empresa (Sentència TC 186/2000).

No obstant això, l’empresa ha d’establir regles d’ús dels mitjans informàtics i de comunicació  facilitats als treballadors , abans de considerar si s’estan utilitzant de manera correcte o incorrecte a efectes disciplinaris, sense perjuí d’adoptar altres mesures preventives, com l’exclusió de determinades connexions (Sentència TS 26-9-07).

D’aquesta manera, quan hi ha una prohibició expressa i vàlida de l’ús personal de mitjans informàtics i de comunicació, és lícit provar la desobediència a través de la monitorització de l’ordinador del treballador.

En tot cas, si la mesura de comprovació utilitzada per l’empresari resulta justificada, idònia i necessària, no hi ha violació del dret a la intimitat ni del dret al secret de les comunicacions (Sentència TC 7-10-13).

No obstant això, aquesta prohibició absoluta podria no ser vàlida si, per exemple, el conveni col·lectiu reconeguera el dret a un ús personal d’eixos mitjans (Sentència TS 6-10-11).

En general, als efectes de prova en juí, es considera que la intromissió en el correu personal és possible sempre que es donen una sèrie de garanties l’absència de la qual pot determinar la nul·litat de la prova així obtinguda (Sentència JS Barcelona núm. 32, 16-9-02). Entre aquestes garanties destaquen les següents:

-necessitat d’un propòsit específic, explícit i legítim;

-que la supervisió siga una resposta proporcionada a un cert risc;

-mínima repercussió sobre els drets a la intimitat dels treballadors i treballadores;

-la presència del treballador/a i dels seus representants en el moment de l’obertura del correu.

 

De no donar-se aquests requisits, la prova obtinguda de la monitorització pot resultar nul·la.

Està justificat l’acomiadament del cap del departament d’informàtica per accedir als continguts dels correus electrònics dels seus superiors sense autorització dels afectats, i sense que conste que l’empresa haguera limitat l’ús del correu a qüestions professionals, per transgressió de la bona fe contractual i abús de confiança, argumentant els tribunals, entre altres raons, que:

-la conducta del treballador qualificada com molt greu suposa una violació del secret de les comunicacions dels que presten servicis en l’empresa, siguen o no alts càrrecs d’ella. I aquest és un dret que té rang constitucional (Art.18.3 de la Constitució);

-el càrrec ostentat pel treballador no li faculta per a accedir al contingut dels correus electrònics de terceres persones sense comptar amb el previ consentiment o autorització dels seus titulars. Més encara, si quelcom es deriva de l’exercici d’eixa direcció és un plus de responsabilitat per la confiança depositada en ell (Sentència TSJ C. Valenciana 22-5-08).

La protecció de la intimitat del treballador/a aconsegueix no sols als arxius personals que guarde en l’ordinador de l’empresa, sinó també als arxius temporals  que s’originen com a conseqüència de la seua navegació per Internet, en la mesura que poden contenir dades referents a la seua vida privada, per la qual cosa als efectes del control empresarial ha de tenir-se en compte la possible il·licitud de les proves obtingudes vulnerant aquest dret (Sentència TSJ Madrid 16-1-08).

Als efectes d’acomiadament disciplinari  és necessari que l’acusació que s’utilitza Internet per a usos aliens al treball i autoritzats per l’empresa, es base en una prova obtinguda lícitament que no atempte al dret fonamental a la intimitat del treballador (Sentència TS 28-6-06).

És il·lícita la prova obtinguda per l’empresa a través d’una auditoria en les xarxes d’informació sobre l’ús indegut dels ordinadors, si els treballadors desconeixen les regles d’ús dels mateixos i, en conseqüència, de les possibles prohibicions o restriccions en l’accés a Internet (Sentència TS 8-3-11).

No hi ha lesió de la intimitat per la comprovació d’un suport informàtic d’ús comú (Sentència TC 241/2012).

En aquesta matèria, és molt convenient fixar les regles del joc per mitjà de la negociació i l’acord en conveni col·lectiu sobre la utilització dels mitjans informàtics de l’empresa, en especial internet i el correu electrònic.

 

4.- Informatització de dades personals

Les dades personals, llibertats públiques i drets fonamentals de les persones, especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, han de ser protegits en cas de tractament d’aquestes dades. S’entén per tractament de dades personals qualsevol procediment tècnic, siga automatitzat o no, que permeta la seua gravació, utilització, supressió etc.

En aquest sentit, s’estableix que només amb el consentiment  expresse i per escrit de l’afectat poden ser objecte de tractament les dades que revelen ideologia, afiliació sindical, religió i creences.

D’altra banda, no cal el consentiment de l’interessat en els casos següents:

  1. a) Ho autoritze una norma.
  2. b) Les dades s’arrepleguen de fonts accessibles al públic o per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions Públiques en l’àmbit de les seues competències. En particular, per a l’Administració de la Seguretat Social, s’ha establert en la LGSS art.36; RD 84/1996 art.53.
  3. c) Les dades es demanen en ocasió de la celebració d’un contracte o precontracte o de l’existència d’una relació negocial, laboral o administrativa de què siga part l’afectat i siguen necessaris per al seu manteniment o compliment.
  4. d) La seua finalitat siga protegir un interés vital de l’interessat.

Els interessats poden oposar-se a les decisions amb efectes jurídics basades únicament en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar determinats aspectes del seu rendiment laboral, fiabilitat o conducta, llevat que estiguen autoritzades per una norma legal o s’hagen adoptat en el marc de la celebració d’un contracte amb el seu coneixement i escoltant les seues al·legacions. En tot cas, el responsable del fitxer ha d’informar prèviament l’afectat de les dites decisions i cancel·lar les dades si no se celebra finalment el contracte.

És competent el director de l’Agència de protecció de dades per a:

–  dictar les instruccions precises per a adequar els tractaments automatitzats;

–  ordenar el cessament dels tractaments i arxius que no complisquen les mesures de seguretat previstes.

Les reclamacions contra les actuacions contràries al que preveu la normativa sobre automatització de dades s’interposen davant de l’Agència de protecció de dades, contra les resolucions del qual procedeix recurs contenciós-administratiu.

 

No obstant això, si correspon indemnització pels danys o lesions causades als béns o drets dels afectats, ha de ser reclamada segons qui siga el responsable del fitxer: en cas de ser Administració Pública, d’acord amb el seu règim de responsabilitat i en cas de titularitat privada, davant dels òrgans de la jurisdicció ordinària.

5.- Registres

La inviolabilitat de la persona del treballador/a es protegeix per mitjà de l’establiment legal de determinades cauteles en cas de registre per part de l’empresa.

Davant de la fundada sospita que algun treballador s’ha apropiat il·legalment d’algun bé, l’empresa pot ordenar el registre de la seua taquilla i els seus efectes personals.

L’Estatut dels Treballadors regula així els possibles registres: “Només podran realitzar-se registres sobre la persona del treballador, en les seues taquilles i efectes particulars, quan siguen necessaris per a la protecció del patrimoni empresarial i del dels altres treballadors de l’empresa, dins del centre de treball i en hores de treball. En la seua realització es respectarà al màxim la dignitat i intimitat del treballador i es comptarà amb l’assistència d’un representant legal dels treballadors o, en la seua absència del centre de treball, d’un altre treballador de l’empresa, sempre que això fóra possible” (article 18 del TRET).

El TRET ordena la presència de representants o d’un altre treballador “sempre que això fóra possible”, condició que hauria d’aplicar-se sempre que hi haja més d’un treballador en l’empresa.

L’afectat per un registre ha d’adoptar totes les cauteles possibles si l’empresa addueix que no hi ha cap representant o treballador disponible per a estar present en el registre.

S’ha suggerit en alguna ocasió que el personal de seguretat privada contractat per l’empresa pot realitzar registres sense necessitat de presència de representants sindicals. Aquest plantejament es recolzava en l’article 11 de la derogada Llei 23/1992, de Seguretat Privada, que citava, entre les funcions dels vigilants de seguretat, les d’exercir la vigilància i protecció de béns mobles i immobles i d’evitar la comissió d’actes delictius o infraccions en relació amb l’objecte de la seua protecció.

La nova Llei 5/2014, de Seguretat Privada, actualment vigent i que ha derogat la que acabem de citar, en l’article 32 ve a arreplegar amb un contingut semblant a l’anterior llei, com a funcions dels vigilants de seguretat, la “d’Exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com públics, així com la protecció de les persones que puguen trobar-se en els mateixos, duent a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seua missió”, i la “d’Evitar la comissió d’actes delictius o infraccions administratives en relació amb l’objecte de la seua protecció, realitzant les comprovacions necessàries per a prevenir o impedir la seua consumació, havent d’oposar-se als mateixos i intervindre quan presenciaren la comissió d’algun tipus d’infracció o anara necessària la seua ajuda per raons humanitàries o d’urgència”.

Davant d’aquest plantejament només cal reiterar el contingut de l’article 18 del TRET. Si fóra un vigilant de seguretat privada l’encarregat de realitzar el registre, seria sempre per compte i mandat de l’empresari que ha contractat el servici i sota la seua responsabilitat. Per tant, el registre, al ser realitzat per mandat de l’empresa, ha de complir, en tot cas, amb les garanties establides en la normativa laboral.

A més, per a realitzar els registres han d’existir motius fundats, sense siga suficient l’al·legació que es tracta d’un registre rutinari, tal com han proclamat els tribunals de justícia.

Només poden realitzar-se registres sobre la persona del treballador/a, en les seues taquilles i efectes particulars, quan concórreguen les condicions següents:

–  que siguen necessaris per a la protecció del patrimoni empresarial i del dels altres treballadors de l’empresa;

–  que siguen efectuats dins del centre de treball;

–  que es realitzen en hores de treball;

–  que estiga present un representant dels treballadors o, si açò no és possible, un altre treballador.

En la realització del registre han de respectar-se al màxim la dignitat i intimitat del treballador/a

Com a efectes personals han sigut admesos en diverses sentències del Tribunal Suprem els sobres tancats i els vehicles particulars dels treballadors.

A més de complir els requisits formals previstos en l’Estatut dels Treballadors, han d’existir motius per al registre, per a no vulnerar el dret fonamental a la intimitat del treballador, sense que siga suficient l’al·legació que es tracta d’un registre rutinari.

La revisió de les bosses de mà de les treballadores que es realitza diàriament en alguns centres comercials atenta contra quest dret quan el control, excedint els límits legals, no siga necessari per a protegir el patrimoni empresarial (Sentència del TSJ Astúries 18-4-08).

©2015 Victor Sánchez