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juny 07

El miedo a la libertad

Cuando el que esto escribe andaba estudiando en la Complutense de Madrid, estaba de moda la obra de Erich Fromm “El miedo a la libertad”. El filósofo y psicólogo alemán exponía su teoría de la relación directa entre la influencia psicosocial de la falta de libertad y la implantación en la sociedad de estructuras mentales y relacionales fascistas.

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Debería recuperarse la obra de Fromm de las estanterías de las bibliotecas y promover su lectura entre las nuevas generaciones del Partido Popular. A ver si así se convencen de lo positivo que puede ser construir una alternativa política honesta y respetuosa con los valores que inspiran los derechos humanos.

Viene esta reflexión a cuento de la última embestida del PP, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, contra la libertad de expresión e información. Si hace un mes fue el ministro de Justicia quien sugería la posibilidad de sancionar a los medios que publiquen casos sujetos a investigación judicial, ahora es el grupo parlamentario liberal-conservador el que hace otra propuesta limitadora de la libertad de expresión y de información.

Pretende el PP reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prohibir lo que se ha dado en llamar “pena de telediario”. Es decir, pretenden hurtar a cámaras de televisión y fotógrafos, a la visibilidad de la ciudadanía en definitiva, los movimientos de presuntos delincuentes cuando son conducidos por la policía.

Justifican su propuesta en la presunta defensa del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de los detenidos.

De rebote, le mandan un mensaje al Tribunal Constitucional: deberá cambiar sus criterios en la aplicación del llamado juicio de proporcionalidad.

Como viene considerando el Tribunal Constitucional, los dos derechos fundamentales, los de los artículos 18 y 20 de la Constitución, pueden entrar en conflicto. Y ese conflicto no se resuelve siempre en favor del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen. En cada supuesto fáctico hay que ponderar cuál de los dos prima sobre el otro.

Es lo que el Constitucional ha llamado juicio de proporcionalidad, fundamentado en tres elementos de análisis: los juicios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad propiamente dicho. En función del resultado que arroje ese juicio de proporcionalidad, primará el derecho a la libertad de información y expresión o el derecho a la imagen, el honor y la intimidad.

La reforma que pretende el partido del Gobierno va en detrimento de la libertad de información de la globalidad de la ciudadanía y se carga el trabajo jurisprudencial desarrollado durante los últimos veinte años por el Tribunal Constitucional.

Una vez más, el Partido Popular debe rectificar. Se lo exige la democracia. No se puede alterar mediante una ley el equilibrio establecido por la Constitución. Podríamos estar ante una reforma legal inconstitucional.

2 comments

  1. vsanchez

    Lucia, gracias por tu comentario. La Constitución es la norma suprema, a la que todo el ordenamiento jurídico se ha de someter. Pero también es norma positiva, o lo que es lo mismo, también es Ley. Y las leyes no pueden entrar a resolver todas las situaciones de hecho que se pueden generar. Tampoco sería “funcional” que la Constitución hubiera elaborado un catálogo de derechos fundamentales ordenados por importancia y primacía de unos sobre otros. No es necesario. En la mayor parte de las ocasiones no se plantean conflictos entre derechos.
    Además, si la Constitución hubiera dicho que el derecho a la libertad de información está por encima del derecho a la intimidad, cualquiera podría entrar en tu casa a ver qué estás haciendo (es una exageración, pero vale como ejemplo). Y si en sentido contrario, la Constitución pusiera el derecho a la intimidad por encima del derecho a la libertad de información, si un medio de comunicación se entera de que un cargo público está haciendo algo feo, tendría la duda de contárselo a la policía y publicarlo o únicamente contárselo a la policía.
    En definitiva, los conflictos existen. La ley no puede evitarlos. Lo que puede hacer la norma es resolverlos.
    Y en el caso de derechos fundamentales, es el Tribunal Constitucional el que resuelve el conflicto, averiguando qué derecho fundamental prima en cada caso.
    De todos modos, esta posibilidad de generar conflicto no la podría aprovechar Artur Más, ni Alberto Fabra, ni Rajoy (por cierto, los tres ubicados en el mismo espacio ideológico neoliberal), porque estamos hablando de derechos fundamentales, y no de derechos de las comunidades autónomas. Hablamos de los derechos que van del art. 14 al art. 29 de la Constitución.
    La cuestión territorial es diferente. Forma parte del Título VIII de la Constitución, blindado por un sistema cerradísimo de reforma, y a la postre es una cuestión política.
    Espero haber proyectado algo de luz.
    Victor

  2. lucia hernandez

    No lo entiendo , pero si la constitución no lo contempla seria como si Artur Mas ,Tuviese poder para crear un conflicto entre artículos de la constitución y conseguir así su objetivo no?

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