No lo hacen con afán de resolver problemas. No. Lo hacen porque son así, porque lo llevan grabado a fuego en su sistema neuronal. ¿Cómo se explica si no que ahora vuelvan a pensar en la censura previa?
No es otra cosa lo que acaba de sugerir –para ir pensándolo, dice- el ministro de Justicia. Ha planteado Rafael Catalá la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que estén bajo investigación judicial. Sugiere incluso “la posibilidad de imponer la obligación de la no publicación de la información”.
Al señor ministro se le debe suponer el conocimiento del ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento ya tiene instrumentos suficientes para proponer a los jueces la reconvención de actuaciones que se puedan suponer al margen de la ley. Así, se puede actuar contra quienes de manera ilícita revelen secretos protegidos por el ordenamiento jurídico. También se puede recurrir a la responsabilidad subsidiaria o solidaria incluso, según los casos, de los medios de comunicación ante la transgresión del deber de secreto. Por ello, apuntar directamente al establecimiento de una responsabilidad, civil o penal, a los medios de comunicación, y por tanto a sus responsables editoriales, no es más que manifestar la intención de colgar una espada de Damocles sobre la libertad de información.
Debería releer el señor ministro el artículo 20 de la Constitución, así como la doctrina del Tribunal Constitucional, para comprender que lo que prima es la libertad de información, y que sólo la colisión de su ejercicio con otros derechos fundamentales puede justificar la activación de la función de policía del Estado.
Pensar incluso en retorcer el ordenamiento jurídico para implantar una especie de censura previa, o de autocensura previa, es, también, retorcer la Constitución, que prohíbe la práctica inquisitorial y sólo permite el secuestro de una publicación por decisión judicial. No parece exagerado que quede evocada en nuestra mente la figura de la censura previa franquista al oír al ministro sugerir la posibilidad de imponer la obligación de la no publicación de la información.
Parece que la intención podría ser sacar del ámbito de la tutela judicial la decisión sobre qué es legítimo publicar y qué no lo es, para situarla en la zona del Derecho administrativo, en la que la Administración es juez y parte y tiene presunción de legalidad. Exactamente igual que han hecho con el hurto a la Justicia de la facultad de enjuiciar faltas derivadas de la acción ciudadana en la calle.
El ministro debería aceptar que la sociedad es mayor de edad y los profesionales de la información y los medios de comunicación tienen capacidad para decidir, sin tutelas ni amenazas, cuál ha de ser su actuación ante aquellos hechos que consideren información relevante. Sin responsabilidad no hay democracia; sin medios que faciliten a la ciudadanía la información relevante, tampoco.
(Publicado en el diario LEVANTE-EMV el día 1-5-2015)