La publicación, el jueves 5 de noviembre, de una Orden del Ministerio de la Presidencia dando publicidad a un procedimiento para el seguimiento de la desinformación y los bulos ha dado lugar a reacciones realmente desaforadas, que por sí mismas se han convertido en desinformación y en bulo. Pura fake news. La Orden no es más que la decisión de dar publicidad, en un ejercicio de transparencia, de la forma de trabajo que se ha decidido en el ámbito administrativo para el seguimiento y estudio de la desinformación. No es una Ley, no es un Decreto, no es un Reglamento, no contiene ninguna norma imperativa que obligue a ciudadanía o a empresas, y menos a los medios, no conlleva ningún nuevo procedimiento administrativo, ni sistemas de persecución del delito (las fake news en mi opinión deberían ser perseguidas como delito), ni contiene un régimen sancionador… En fin, que las fuerzas de la reacción contra el gobierno comunista-bolivariano han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid.
¿Se le puede negar a un gobierno la posibilidad de que estudie las fake news? ¡¡¡Pues NO!!! No se le puede negar. Los mismos que le niegan ese derecho son quienes, llegado el caso de producirse una situación grave a causa de una fake news pedirían responsabilidades políticas al gobierno bolivariano por no haber actuado antes y no haber hecho el necesario seguimiento. Basta de hipocresía, de seguidismo y de planteamientos acríticos.
Las fake news, la desinformación, no son información periodística. Por tanto, no forman parte de nuestro material de trabajo. Más bien somos víctimas. No nos hagamos los ofendidos.
En cuanto a la cuestión que se plantea de que sean representaciones de la sociedad civil las que se ocupen de esta cuestión, planteada como alternativa a la vigilancia administrativa, no tiene sentido. Ambas vigilancias son compatibles. ¿Acaso una asociación de periodistas, pongamos la FAPE-Madrid (APM) va a ser garante de nada? ¿Qué instrumentos tendría? Y, sobre todo, ¿qué legitimidad? N I N G U N A. Seamos serios.
La lucha contra la desinformación se tiene que desarrollar en diversos niveles. Y en cada nivel, con los actores adecuados. En el nivel de la educación, las administraciones educativas, las escuelas y el profesorado. En el nivel académico, la Universidad. En el nivel profesional, los profesionales (Interesante el desarrollo del Fact-cheking). En el nivel legal, la ley (Parlamento), los fiscales y los jueces.
De momento, sólo hay capacidad para perseguir las noticias falsas (o no falsas), si caen en el ámbito penal (injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos) o en el civil (intimidad, honor y propia imagen). Para la persecución de la transgresión se requiere siempre que haya un perjudicado con legitimación activa para accionar ante la justicia.
En este punto de la legitimación activa radica la debilidad del sistema para perseguir el ataque (a la sociedad y a la democracia) realizado mediante la desinformación y los bulos. Muchísimas veces no existe la persona, física o jurídica, con legitimación activa para accionar. Es necesario generar nuevas disposiciones legales para perseguir los delitos en el ámbito que nos ocupa. Y eso, contra lo que dicen los cerriles opositores al gobierno comunista-bolivariano, sólo se puede hacer desde el gobierno y el parlamento. Esa acción contra la mentira sólo por los necios puede ser calificada de censura. ¿O nos vamos a aliar ahora con quienes quieren destruir el periodismo y la democracia?