Acaba de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional en relación con la impugnación del despido colectivo de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la extinguida Radiotelevisión Valenciana (RTVV). El despido de las 1.600 personas de su plantilla, en 2014, fue ajustado a Derecho. Lo cual comporta también la bendición judicial del cierre de Canal 9 y Ràdio 9 en noviembre de 2013, por decisión del Consell del PP.
Eso dice el tribunal, que considera que, aunque hay cuerpo del delito, no hay asesino.
La sentencia admite causas económicas para cerrar RTVV, pero nadie ha perseguido a quienes derrocharon, o “desaparecieron” 1.300 millones de euros públicos. El asesino continúa huido y en libertad.
Probablemente el asesino tenga cómplices. Cómplices que le han ayudado a esconderse.
Hay que entender que un Gobierno debe, en general, hacer suya la obra de gobiernos anteriores. No hacerlo así comportaría la muerte del Estado de Derecho. Se afirma lo anterior porque, atendiendo a criterios lógicos jurídico-políticos, quizás el actual Gobierno de la Generalitat no podía, en el juicio del expediente de regulación de empleo, actuar de forma diferente a la que desplegó.
Pero en términos políticos no se ha podido actuar de manera más inconsecuente. Inconsecuente con los compromisos asumidos. 1.600 personas se sienten maltratadas por unos y por otros. Y eso el Gobierno valenciano formado por PSPV y Compromís, y apoyado parlamentariamente por Podemos, no lo va a poder negar.
Se pueden justificar acciones de gobierno desde la razón, e incluso desde la necesidad, pero no se puede prometer hasta meter… Si se promete, se cumple.
Al menos, ¡busquen al asesino!
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